El Gobierno nacional, a través del subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, rechazó las denuncias de desfinanciamiento y aseguró que no se han realizado recortes presupuestarios en las casas de altos estudios. En declaraciones previas a la movilización, el funcionario calificó la protesta como un «acto opositor totalmente desvirtuado» y afirmó que los fondos correspondientes han sido transferidos.
Álvarez cruzó directamente al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sosteniendo que las transferencias mensuales han sido publicadas y son transparentes, incluyendo aquellas destinadas a los hospitales escuela.
Defensa de la gestión y críticas al Hospital de Clínicas
El funcionario abordó la situación del Hospital de Clínicas, señalando que su crisis es «recurrente» y atraviesa a todos los gobiernos, por lo que instó a revisar en profundidad por qué la institución mantiene un déficit constante.
- Transferencias: El subsecretario afirmó que se enviaron todos los fondos previstos y que lo que la UBA reclama es un «fondo común» compartido con el resto de las universidades.
- Uso de la salud: Acusó a las autoridades académicas de «agitar la marcha» y de utilizar a los médicos para realizar protestas tradicionales en lugar de debatir sobre la administración de los recursos.
El señalamiento a las «corporaciones»
Para el Ejecutivo, el sistema universitario actual responde a intereses de estructuras partidarias y gremiales. Álvarez describió el panorama institucional bajo dos ejes:
- Control político: Identificó al radicalismo como la fuerza que controla mayoritariamente la estructura universitaria.
- Control sindical: Vinculó al peronismo con la conducción de las corporaciones gremiales dentro del sector.
«Las universidades están controladas por dos corporaciones. Es un acto opositor completamente político», sentenció Álvarez, reafirmando la postura del Gobierno de Javier Milei que prioriza la auditoría de los gastos y cuestiona la legitimidad del reclamo presupuestario.
Contexto de desfinanciamiento
A pesar de la negativa oficial, informes técnicos y datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) indican que las transferencias reales a las universidades han caído más del 45% desde diciembre de 2023. Esta brecha entre la versión oficial y los indicadores sectoriales es el motor de la masiva movilización que se desarrolla en todo el país.
