La Unión Industrial Argentina (UIA) y un conglomerado de trece cámaras empresarias ligadas a la fabricación, consumo y procesamiento de recipientes comerciales refrendaron un acuerdo institucional para promover la sanción de una Ley Nacional de Gestión Integral de Envases. El entendimiento procura destrabar un debate técnico y parlamentario que se extiende por más de dos décadas en el país, buscando establecer una normativa unificada bajo los preceptos de la economía circular y la preservación ecológica.

La propuesta corporativa unifica las posiciones de los diferentes eslabones de la cadena de valor, abarcando desde las firmas alimenticias y de consumo masivo hasta los fabricantes de insumos plásticos, metálicos, químicos y los operadores del circuito del reciclaje. Desde la junta directiva de la UIA calificaron al consenso como un hito de madurez sectorial, dado que se lograron amalgamar las visiones de actividades productivas diversas en pos de un marco regulatorio moderno que no altere la sustentabilidad, los costos operativos ni los niveles de competitividad de las terminales fabriles locales.

Proceso de articulacion y antecedentes institucionales

El debate en torno a la necesidad de regular el descarte de envoltorios y envases postconsumo registra sus primeros antecedentes formales en el año 2004. A lo largo de ese lapso, la materia atravesó sucesivas mesas de negociación institucional entre las administraciones públicas de turno y las representaciones privadas, destacándose los siguientes avances metodológicos recientes:

• Año 2022: La Comisión de Envases, dependiente del Departamento de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la UIA, incrementó el análisis técnico de las legislaciones comparadas y las proyecciones de costos sobre la matriz productiva.
• Año 2024: Se constituyó formalmente una mesa de trabajo de carácter público-privado bajo la coordinación de la Subsecretaría de Industria de la Nación. Este espacio funcionó como el laboratorio de redacción para amoldar la propuesta legislativa emanada del Poder Ejecutivo Nacional.

Frente a la coexistencia de múltiples proyectos con estado parlamentario en las comisiones del Congreso de la Nación, el sector industrial determinó corporativizar su postura a través de un documento base que consta de catorce puntos esenciales. Estas directrices técnicas apuntan a garantizar un esquema de responsabilidad extendida del productor que sea sustentable en términos financieros, que promueva la inversión tecnológica en ecodiseño y que evite la creación de nuevas cargas impositivas distorsivas que graven el precio final de los productos de la canasta básica.

Firmantes y representatividad sectorial

La masa crítica de organizaciones empresarias que suscribieron el documento técnico representa a los principales motores de la actividad manufacturera y pesada de la República Argentina. Entre las entidades firmantes destacan:

• La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
• La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
• La Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP).
• La Cámara Argentina del Acero (CAA).
• La Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQP).

Los voceros de las entidades fabriles indicaron que el compromiso institucional será formalmente presentado ante las autoridades de los bloques parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Nación en los próximos días. Los directivos concluyeron que el documento constituye una plataforma metodológica sólida que demuestra la viabilidad de configurar políticas de Estado de largo plazo mediante la concertación inteligente entre las estructuras del sector público y la inversión privada.