El PAMI implementó una masiva reestructuración con desplazamientos y nuevas designaciones en las agencias de Santiago del Estero

El PAMI implementó una masiva reestructuración con desplazamientos y nuevas designaciones en las agencias de Santiago del Estero

La Dirección Ejecutiva del PAMI dispuso una profunda renovación de sus cuadros jerárquicos y técnicos en la provincia de Santiago del Estero a través de una serie de resoluciones oficiales firmadas el pasado 2 de junio de 2026. La medida instrumentó el desplazamiento de numerosos jefes de agencias y la designación simultánea de nuevos responsables en diversas dependencias operativas que responden a la Unidad de Gestión Local (UGL) XIX, constituyendo uno de los movimientos de personal de mayor escala e impacto administrativo registrado en los últimos años dentro de la estructura territorial del organismo en la provincia.

De acuerdo con la documentación formal de la obra social, el proceso de recambio implicó el cese en sus funciones jerárquicas de Zulma Aydee Barreto, quien se desempeñaba al frente del Centro de Atención Personalizada de Villa Atamisqui; de Walter Ramón Moreno, responsable de la oficina de Loreto; de Elena Noelia Jigena, titular de la delegación de Pinto; y de Fabricio Alejandro Favaro, referente MOEIT de la Agencia La Banda. En cada una de estas dependencias se nombraron nuevos funcionarios de conducción, extendiéndose el alcance de las resoluciones y los nuevos nombramientos a las agencias locales ubicadas en las ciudades de Añatuya, Termas de Río Hondo, Campo Gallo, Quimilí, Pozo Hondo y Los Juríes.

La conducción nacional del PAMI fundamentó la decisión administrativa bajo el argumento homogéneo de viabilizar los cambios de gestión e institucionales previstos para el ejercicio en curso, sosteniendo la necesidad de avanzar hacia un reordenamiento de los recursos humanos asignados a la atención al público. El recambio de autoridades políticas y de control territorial se concreta en un escenario complejo para las prestaciones del organismo, caracterizado por reiteradas quejas y denuncias de organizaciones de jubilados debido al endurecimiento de los requisitos administrativos para mantener coberturas, demoras en la entrega de autorizaciones y una reducción progresiva en el vademécum de medicamentos gratuitos.

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