El dirigente de Camioneros, que también estuvo acompañado de otros referentes sindicales, expresó sus preocupaciones y peticiones al ministro de Economía, Sergio Massa.

   

En un encuentro dirigido a equilibrar los gestos hacia los sectores sindicales, Sergio Massa recibió a Pablo Moyano, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los dirigentes que apoyó su designación, aunque se desmarcó del apoyo incondicional. El sindicalista le pidió “esfuerzos para bajar la inflación”, la universalización de las asignaciones familiares y el otorgamiento de un aumento de suma fija para los trabajadores de menores ingresos, aunque el ministro de Economía se limitó a escucharlo sin comprometerse a darle una respuesta positiva a sus demandas.

De esta forma, Massa compensó la reunión que mantuvo hace dos semanas con los rivales de Moyano en la CGT, los cotitulares cegetistas Héctor Daer y Carlos Acuña y los dirigentes Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri, quienes, a diferencia del camionero y sus aliados, rechazan la idea de una suma fija porque “achata las categorías salariales” y provocaron la demora del anuncio oficial.

En las redes sociales del Sindicato de Camioneros se publicó la foto del encuentro de Pablo Moyano con Massa y sólo menciona que “conversaron sobre la actualidad económica y social de los trabajadores y asignaciones familiares”. El encuentro fue “cordial”, según dos de los presentes, y sirvió para descomprimir la tensión que se había instalado luego de que el hijo de Hugo Moyano, alineado con Cristina Kirchner, calificó de “inútil” al secretario de Comercio, Matías Tombolini, que responde al massismo, por haber afirmado que “la inflación es una cuestión de percepción”.

Pablo Moyano fue a entrevistarse con Massa acompañado por Omar Pérez, dirigente de la Federación de Trabajadores Camioneros, y referentes de su sector como Mario Manrique (SMATA), Cristian Jerónimo (vidrio), Omar Plaini (canillitas) y Pablo Flores (empleados de AFIP).

Durante el encuentro, el ministro les explicó detalles de la política económica que puso en marcha y de las tratativas que emprenderá desde la semana próxima en los Estados Unidos con autoridades del FMI, el Banco Mundial, el BID y del Tesoro norteamericano.

Además de reclamar por la inflación y por el aumento de suma fija, Pablo Moyano insistió en su pedido de universalizar las asignaciones familiares, que viene efectuando desde mayo pasado: “Hay alrededor de 6 millones de trabajadores registrados, pero solamente 2 millones cobran asignaciones familiares. Por eso vamos a pedir que ese pago se universalice -dijo por entonces-. Ayudaría a aumentar parte del salario del empleado y ese dinero va a ser volcado al mercado interno”.

Massa ya anunció el aumento por tres meses de la asignación por hijo para los empleados de menores ingresos, aunque Moyano quiere que ese beneficio se amplíe a todos los trabajadores.

Otra demanda del cotitular de la CGT en la reunión con Massa fue la actualización del piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan el Impuesto a las Ganancias, que impacta en forma negativa en los sueldos de trabajadores de mejores ingresos.

Más allá de estos puntos, sobre los que el ministro tomó nota, Massa habló con los sindicalistas sobre la propuesta que acaba de hacerle por teléfono a la CGT, tal como anticipó Infobae: les devolverá a las obras sociales unos 21.000 millones de pesos hasta fines de año que están retenidos en el Estado (”pisados por decisión de Martín Guzmán”, aclaran en Economía).

El sindicalismo estaba inquieto luego del ajuste que se instrumentó en el presupuesto del Ministerio de Salud, entre otros, y que iba a determinar que desde octubre no quedara dinero en la Superintendencia de Servicios de Salud para compensar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos. Esa situación, según advirtió la central obrera, pondrá al borde de la quiebra al sistema de obras sociales si desde el Gobierno no se brinda una solución.

De esta manera, prometió Massa, el Ministerio de Economía inyectará a razón de 5.250 millones de pesos por mes, entre septiembre y diciembre, al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales.

Más allá del alivio de que se libere la plata retenida en el Estado para el FSR, hay otro problema que arrastran las obras sociales: las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación representan casi un 70% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución. Ese fuerte impacto contribuirá a que, si no se toman medidas urgente desde el Gobierno, el déficit financiero del sistema alcance en diciembre el récord de unos 50.000 millones de pesos.

Alberto Fernández le había prometido hace 9 meses a la CGT una solución a ese tema y a otros que agravan la situación del sistema sindical de salud: funcionarios y sindicalistas estaban negociando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual las obras sociales traspasarían al Estado el valor de las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación. Sin embargo, la norma en estudio quedó trabada en los despachos oficiales, pese a la fuerte presión sindical.

Fue uno de los primeros puntos que los dirigentes cegetistas le plantearon a Massa apenas asumió, pero el ministro de Economía, urgido por frenar el aumento del gasto público, quiere archivar la idea del DNU y, en cambio, propondrá que se incorpore en el Presupuesto 2023 una partida especial para que las prestaciones por discapacidad sean financiadas por el Estado.

No es la propuesta que esperaba la CGT, pero la propuesta de Massa, aseguran los dirigentes, servirá para “salir del ahogo”.

Con información de Infobae