El Poder Ejecutivo Nacional eliminó de forma oficial el marco regulatorio restrictivo que condicionaba el registro de innovaciones científicas en el sector de la biotecnología. Mediante la resolución 197/2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), publicada este viernes en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación de la normativa implementada en 2015, restableciendo los criterios de patentabilidad originales con el propósito de incentivar la radicación de capitales privados, promover la investigación científica y potenciar los niveles de competitividad del complejo agropecuario argentino.

Desde el organismo estatal argumentaron que las directrices previas configuraron un entorno registral desfavorable que limitaba la protección legal sobre componentes esenciales de plantas y animales modificados genéticamente, relegando a la Argentina frente a los estándares de flexibilidad aplicados por otros países competidores en el mercado global. La adecuación normativa alinea el sistema de patentes con los nuevos lineamientos de desregulación fijados de manera conjunta por las secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Industria y Comercio.

Los cambios en las directrices de patentabilidad, los objetivos económicos de la medida y las cláusulas de resguardo comercial para las firmas existentes se describen a continuación:

Retorno a los lineamientos históricos y adecuación de criterios científicos

La decisión administrativa deja sin efecto la resolución 283/2015 y retoma la redacción de las directrices aprobadas por el INPI en el año 2003. Aquel texto técnico otorgaba un margen más amplio y predecible para el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre desarrollos tecnológicos aplicados a la manipulación genética, la creación de semillas mejoradas, el diseño de soluciones biomédicas y la producción de insumos biológicos para la nutrición y protección de cultivos.

Las autoridades del área explicaron que la reforma introducida hace más de una década endureció de forma excesiva las exclusiones de patentabilidad, desincentivando los proyectos de investigación de largo aliento en los laboratorios locales. Con el restablecimiento del esquema original, el Gobierno busca dotar de previsibilidad jurídica al ecosistema científico y biotecnológico, asumiendo que la seguridad sobre la propiedad de las invenciones constituye el principal motor para que las corporaciones globales decidan transferir tecnologías estratégicas al entramado productivo nacional.

Impulso a la inversión en agrobiotecnología y competitividad comercial

El relanzamiento del marco de protección de patentes apunta a transformar el perfil productivo de las cadenas agrícolas y ganaderas del país. En los considerandos de la medida firmada por el presidente del INPI, Carlos María Gallo, se enfatiza la necesidad de unificar los criterios locales con las demandas del comercio exterior y los estándares internacionales vigentes, facilitando que los científicos y las empresas emergentes locales puedan registrar sus descubrimientos bajo un proceso administrativo claro y ágil.

La flexibilización de los registros busca posicionar a la Argentina como un polo de atracción para empresas biotecnológicas interesadas en desarrollar eventos genéticos orientados a la resistencia a sequías extremas, la optimización en el uso de fertilizantes y el mejoramiento de las propiedades nutricionales de los granos. De acuerdo con las proyecciones del Palacio de Hacienda, el incremento en la oferta de tecnologías aplicadas al agro permitirá elevar los rendimientos por hectárea, expandir la frontera agrícola y consolidar saldos exportables de mayor valor agregado.

Cláusula de resguardo legal para operadores comerciales de buena fe

A pesar de la apertura hacia el otorgamiento de nuevos derechos de exclusividad industrial, la resolución oficial incorporó un mecanismo de protección legal destinado a resguardar la continuidad de las empresas y pymes que operan actualmente en el mercado doméstico. La norma establece de forma explícita una cláusula de excepción para aquellos terceros de buena fe que se encuentren comercializando productos o insumos alcanzados por las solicitudes de patentes que entren en revisión a partir de este cambio reglamentario.

Bajo este lineamiento de protección de la actividad preexistente, los comercios y laboratorios que ya tengan en circulación bienes biotecnológicos que resulten eventualmente patentados bajo las nuevas directrices no podrán ser obligados a abonar retribuciones económicas retroactivas, ni se les podrá impedir la continuidad de su distribución y venta en el circuito comercial habitual. La medida técnica, que cobró plena vigencia a partir de las primeras horas de este viernes, busca de este modo equilibrar el fomento a las patentes de vanguardia con el sostenimiento de las condiciones de competencia y abastecimiento de insumos básicos en el sector agroindustrial.