El Poder Ejecutivo Nacional formalizó una adecuación en el cuadro de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. A través de la resolución 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del secretario nacional del área, Alejandro Alberto Vilches, se estableció un incremento del dos coma diez por ciento para las remuneraciones de junio, un porcentaje que se alinea con el índice de precios al consumidor reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) respecto al mes anterior.

La medida administrativa se concreta en un escenario de persistentes reclamos por parte de las asociaciones de prestadores, transportistas y colectivos de familias, quienes denuncian un marcado desfasaje regulatorio acumulado tras periodos prolongados de congelamiento de haberes. Asimismo, las organizaciones del sector manifestaron su preocupación ante las iniciativas institucionales que promueven la desregulación integral del sistema de cobertura y la potencial supresión del registro unificado de valores de referencia.

Los rubros alcanzados por la actualización arancelaria, el sostenimiento de los adicionales geográficos y los proyectos de reforma estructural del marco normativo se describen a continuación:

Alcance de la adecuación de valores y sostenimiento del adicional patagónico

La variación porcentual determinada por la Secretaría Nacional de Discapacidad impacta de manera directa sobre los honorarios y costos operativos que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y las agencias del Estado deben abonar a los efectores del sistema. La grilla de valores de referencia regula los ingresos de los siguientes actores y establecimientos habilitados:

• Servicios profesionales: Acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud mental, especialistas en estimulación temprana y equipos de rehabilitación ambulatoria.
• Centros institucionales: Hogares de residencia permanente, centros de día, escuelas de educación especial y talleres de formación laboral.
• Logística especial: Transportistas dedicados al traslado adaptado de personas con movilidad reducida, un sector fuertemente afectado por las subas de los combustibles.

Por otra parte, el texto normativo ratificó la vigencia del adicional por zona desfavorable para aquellas prestaciones de asistencia médica y social que se desarrollen de manera efectiva en las provincias de la región patagónica. Este beneficio complementario contempla un reconocimiento extra del veinte por ciento sobre los valores de la escala básica, atendiendo a las asimetrías de costos estructurales y de conectividad que caracterizan a los distritos del sur del país.

Controversia por la Ley de Emergencia y la propuesta de supresión del nomenclador

El ajuste por inflación dispuesto en los aranceles vigentes reavivó la disputa legal y política en torno al cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Los representantes de las entidades civiles sostienen que los incrementos mensuales resultan insuficientes para revertir el atraso real de las prestaciones y exigen la aplicación de actualizaciones retroactivas que compensen la pérdida de capacidad operativa frente al incremento de salarios mínimos, insumos biomédicos y servicios generales.

En paralelo, el debate sectorial se concentra en el análisis de un proyecto de ley impulsado por la administración central que contempla la eliminación definitiva del nomenclador nacional de prestaciones. Desde la perspectiva oficial, la medida busca flexibilizar la contratación de servicios y descentralizar las negociaciones tarifarias; en contraste, las asociaciones de pacientes advierten que la supresión de esta herramienta de referencia estatal dejaría las coberturas sujetas a la libre determinación de las empresas de medicina privada y las obras sociales, fragmentando la equidad en el acceso a los tratamientos esenciales.