La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), comenzó a elaborar una reforma legal orientada a suspender o abolir la realización de futuros comicios en el país. La iniciativa responde a la orden directa expresada por Daniel Ortega durante el acto conmemorativo del 47° aniversario de la Revolución Sandinista, donde el mandatario aseguró que no volverá a haber elecciones que permitan a la oposición disputar el poder.

Alcance del plan legislativo y las elecciones de 2027

El Parlamento anunció un plan de trabajo para traducir los lineamientos del Ejecutivo en un marco regulatorio que impida la participación de partidos opositores, bajo el argumento oficial de garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad de la nación. Aunque aún no se dio a conocer el articulado definitivo del proyecto, la medida deja sin efecto el calendario electoral previsto para noviembre de 2027, el cual ya había sido modificado tras la reciente ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años.

Concentración del poder y condena de la comunidad internacional

El anuncio profundiza la estructura de poder que encabezan Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, en un contexto caracterizado por el cierre de organizaciones civiles, la disolución de universidades y la persecución a líderes políticos. Ante el avance de la iniciativa, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtieron sobre el severo deterioro de las garantías democráticas y llamaron a incrementar la presión diplomática sobre el régimen nicaragüense.