Este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en todo el territorio argentino el nuevo Régimen Penal Juvenil, luego de haberse cumplido el plazo de 180 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial tras la sanción legislativa en el Congreso. La modificación central del marco normativo radica en la reducción de la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, permitiendo que los adolescentes de 14 y 15 años puedan ser imputados, procesados y eventualmente condenados por la comisión de ilícitos, ampliando asimismo el alcance punitivo para la franja de 16 y 17 años.

La ley establece un esquema graduado de sanciones que supedita la privación efectiva de la libertad a la gravedad de los delitos. Para tipificaciones con penas contempladas de hasta tres años de prisión, la norma prohíbe el encarcelamiento efectivo y fija medidas alternativas como amonestaciones, programas educativos, trabajos comunitarios y monitoreo electrónico. Para delitos con escalas de entre tres y diez años de prisión, la privación de la libertad podrá ser sustituida por medidas socioeducativas siempre que no hayan incluido violencia física o psicológica grave, deceso de la víctima o reincidencia del imputado. En el caso de los ilícitos de mayor gravedad, la Justicia queda facultada a disponer la prisión efectiva, fijando la legislación un tope de pena máxima de 15 años para menores de edad y prohibiendo taxativamente la aplicación de la prisión perpetua.