La exclusión tiene como objetivo diferenciarse del macrismo, que aplicó lo mismo en 2016, pero permitió a los familiares del expresidente declarar bienes en el exterior sin mayores consecuencias.

   

Este miércoles, el Gobierno giró al Congreso un proyecto de ley de Blanqueo, denominado «Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado», que comprenderá a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas.

Los bienes comprendidos en la iniciativa serán la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos, detallaron fuentes del Palacio de Hacienda.

En los casos en que exista repatriación de los capitales, se aplicarán distintas alícuotas según el tipo de cambio del Banco Nación: 5% desde la entrada en vigencia y hasta 120 días corridos; 10% desde el vencimiento del plazo anterior y hasta 120 días corridos; y 20% desde el vencimiento del plazo anterior y hasta 120 días corridos.

El proyecto establece que se considerará «repatriación» cuando el monto ingresado al país represente como mínimo del 10% del valor total de los bienes declarados en el exterior. En caso contrario, las alícuotas se incrementarán.

También crea un régimen simplificado, para acceder al cual se requerirá «una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado». La alícuota del 1,5% se aplicará cuando el monto blanqueado no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales, con un tope de hasta US$ 50.000. Quedan excluidos los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario.

Por último, el proyecto establece un acuerdo de colaboración con los Estados Unidos mediante la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) para que la AFIP obtenga información y pueda localizar y detectar bienes no declarados tanto en el país como en el exterior.

Los funcionarios quedan excluidos

El nuevo blanqueo excluye a funcionarios públicos y sus familiares directos, un detalle muy significativo porque se diferencia del implementado por la presidencia de Mauricio Macri en 2016.

El proyecto que envió el Gobierno establece que «quedan excluidos los sujetos que entre el 1.º de enero de 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas y, también, sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos».

En la misma línea, se aclaró que tampoco podrán ingresar al blanqueo «aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimiento tributario en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida».

A través de esta marginación, el Gobierno actual busca diferenciarse del macrismo, que también promovió un blanqueo en 2016 pero sin exceptuar a familiares y funcionarios, lo que generó varias críticas debido a que familiares del expresidente Mauricio Macri lo aprovecharon para blanquear bienes en el exterior sin arrastrar cargas tributarias significativas.

Con información de C5N