Fuentes judiciales de la provincia informaron que en el expediente hay información que vincularía a la líder de la Tupac Amaru con los incidentes.

   

La policía de Jujuy que responde al gobierno de Gerardo Morales allanó esta mañana la vivienda de Milagro Sala, la dirigenta de la agrupación Tupac Amaru que está detenida hace más de 2700 días y que es objeto de persecución política desde que esa provincia está en manos de Juntos por el Cambio.

La orden de allanamiento la dictó el juez federal Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes “en el marco de la causa que se investiga la comisión de delitos por las manifestaciones en Jujuy de los últimos días”, según informaron a Página/12 los abogados de la dirigenta.

Se secuestraron dinero, computadoras personales y teléfonos móviles, entre otros objetos. «Le dieron vuelta toda la casa”, denunció a este diario el dirigente de la Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini y precisó que, tal como se ve en el video, el violento procedimiento tuvo lugar en todos los cuartos de la vivienda. Inclusive en el que debe guardar estricto reposo el marido de Sala, Raúl Noro, quien sufre un delicado estado de salud.

Noro estuvo internado hasta hace dos días y fue enviado a su domicilio porque se encuentra en estado terminal.

Según informó Elizabeth Gómez Alcorta, parte del equipo de abogados de Sala, en la medida del juez se indicó que la orden de allanamiento fue dictada tras el testimonio de un supuesto imputado de identidad reservada, detenido en los últimos días durante o después de las protestas.

Esa persona habría mencionado a Sala como parte de alguna “vinculación con las protestas que muy dignamente lleva adelante el pueblo de Jujuy”. Gómez Alcorta puntualizó que este hecho “es uno más en el marco del terrible hostigamiento y persecución contra Milagro, a siete años y medio de su detención”.

También remarcó que el allanamiento es parte de “la campaña electoral que llevan adelante Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta”, como una de las fórmulas internas del PRO.

En los últimos días, las fuerzas de seguridad que reprimieron las masivas movilizaciones de docentes, comunidades indígenas y de personas que rechazaron la cuestionada reforma constitucional en esa provincia irrumpieron contra los domicilios de quienes se manifestaron en las últimas dos semanas. Rompieron puertas, rejas, muebles, golpearon a varios –inclusive a familias con chicos con discapacidad- y hasta detuvieron a un joven menor de 18 años.

Traslado irregular

Apenas días atrás, Milagro Sala, a quien el propio Morales acusó de estar vinculada a las movilizaciones de las que ella no participó por estar privada de la libertad, fue blanco de medidas judiciales teñidas de irregularidad.

Anteayer, un grupo de médicos llegó sin previo aviso a su vivienda y de manera irregular ordenaron un traslado a Buenos Aires por problemas de salud.

“Me quisieron llevar sin orden del juez cuando no pueden sacarme sin una orden judicial”, relató la dirigente a través de un video público, en el cual denunció que esto se trató de “una maniobra que realiza Morales” para encarcelarla en un penal. “Yo solamente salgo con orden judicial para ir al médico o ver a mi marido que está internado”, remarcó.

La antesala de esta irregularidad tuvo lugar la semana pasada, cuando dos jueces y un fiscal llegaron hasta el domicilio de Sala y le revisaron su teléfono celular sin orden de por medio.

(Página 12)