Se debe al desmantelamiento del área del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

El ministro Luis Petri fue denunciado por la legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Montenegro, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), por haber ordenado el desmantelamiento del área de Defensa que investigaba los crímenes durante la última dictadura argentina.

A finales de marzo, Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, informó que 10 de los 13 trabajadores del área estaban despedidos y que el gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado.

Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas fueron creados en el año 2010 y funcionaron durante catorce años, realizando más de 170 informes en las causas de lesa humanidad.

Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, le pidió al Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, su intervención en el caso porque “la desaparición de los ERyA entorpecería no solo las investigaciones judiciales sino también el acceso a la verdad”.

Por el momento, las propias Fuerzas Armadas son las que deben responder a los requerimientos de la justicia, lo que posiblemente “dé lugar a la aparición de solidaridad con quienes están siendo investigados”.

“Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias”, expresó Montenegro.

Asimismo, la legisladora declaró que desmantelar esa área “impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general”, respecto a conocer la verdad e investigar, juzgar y sancionar de una forma “adecuada” a los responsables.

“La construcción de la memoria colectiva es esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, añadió Montenegro.

Por el momento, hay 17 juicios en trámite y 62 causas con requerimiento de elevación a juicio; además quedan por identificar centenares de perpetradores, encontrar restos de las víctimas y restituir las identidades de más de 300 niños nacidos en cautiverio o apropiados en sus primeros meses de vida.