Miguel Blanco contó que las revisiones en las cuentas de las casas de altos estudios tendrán inicio en las que «tienen mayor volumen de presupuesto».

En medio del conflicto por el desfinanciamiento universitario, desde la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) anticiparon que las auditorias comenzarán en las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

«Dentro del cronograma vamos a privilegiar a las universidades que tienen mayor volumen de presupuesto. Probablemente arrancaremos por la UBA», explicó Miguel Blanco en diálogo con Radio Rivadavia.

El funcionario, quien se desempeñó como docente de la UBA entre 1976 y 1986, detalló que el procedimiento, que estará listo en un mes aproximadamente, se inicia con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, para luego realizar una identificación de los controles, relativa a los movimientos de fondos, y en tercer lugar se ponen a prueba para evaluar su funcionamiento.

«Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia, también al rector«, continuó.

En este contexto, aseguró que las universidades reciben de manera positiva el aporte del organismo que dirige de la SIGEN: «Les ayuda a mejorar sus procesos y brindan capacitaciones a las unidades de auditoria interna. Si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades», remarcó.

«Estamos reestructurando el equipo que estaba auditando universidades y estamos empezando algunas de las auditorias. La idea es que armemos un cronograma porque no podemos auditar las 60 universidades a la vez, y reforzar los equipos», agregó.

Además, Miguel Blanco insistió en iniciar el proceso por las universidades que no han rendido cuentas en los últimos años, y aclaró que ante el hallazgo de irregularidades se cotejará la información con las autoridades auditadas, para evitar conflictos de interpretación, y de confirmarse se derivará el informe a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.