La investigación judicial que busca desarticular una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) alcanza una instancia fundamental. Este lunes, el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, abre la ronda de declaraciones indagatorias ante la justicia federal en Comodoro Py.
La causa, que ya cuenta con 34 personas imputadas, analiza un complejo esquema de malversación de fondos públicos que habrían sido destinados originalmente a la asistencia de personas con discapacidad.
El esquema de la maniobra
Según la resolución del juez federal Ariel Lijo, el organismo habría funcionado bajo un sistema de contrataciones dirigidas:
- Cartelización: Se habrían simulado procesos de competencia de precios entre empresas que, en realidad, estaban vinculadas entre sí o coordinadas con funcionarios.
- Simulación de pujas: Las firmas presentaban ofertas aparentando una compulsa legítima, pero las adjudicaciones ya estaban acordadas de antemano.
- Rubros afectados: Las maniobras se concentraron especialmente en la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo.
Montos y plazos bajo la lupa
La fiscalía, encabezada por Franco Picardi y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, detectó desvíos millonarios durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025:
- Cifras estimadas: Los investigadores identificaron movimientos sospechosos por más de $75.000 millones.
- Dependencia institucional: Durante ese lapso, la ANDIS se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Cronograma de declaraciones y medidas judiciales
Tras la presentación de Spagnuolo, el calendario de indagatorias continuará con otras figuras clave de la estructura jerárquica del organismo y proveedores privados:
- Lunes: Diego Spagnuolo (exdirector).
- Martes: Miguel Ángel Calvete.
- Miércoles: Andrés Horacio Arnaudo.
- Citación pendiente: Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como segundo en la estructura de la ANDIS.
Como medida preventiva, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes de todos los involucrados. El objetivo es evitar que los imputados realicen maniobras de desprendimiento de activos y asegurar que el Estado pueda recuperar los fondos en caso de confirmarse los delitos. Con el inicio de esta fase, la justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los 34 señalados en lo que se considera un desvío récord de fondos destinados a sectores vulnerables.