«Hay una relación directa con Revolución Federal, que, por lo que estamos viendo, tiene un financiamiento que está por arriba de la transferencia irracional, inexplicable, de Caputo Hermanos”, aseguran.

   

“Alguien por arriba de este grupito planeó el ataque. Ya sabemos quién es. Y hay una relación directa con Revolución Federal, que, por lo que estamos viendo, tiene un financiamiento que está por arriba de la transferencia irracional, inexplicable, de Caputo Hermanos”. El diagnóstico de uno de los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira avanza con extrema lentitud en la causa judicial, entre otras cosas porque en el expediente apenas trabaja una jueza, un secretario, un fiscal y cuatro empleados. Todos ellos tienen, además, otras causas que atender. En la hipótesis de Ubeira está que efectivamente el youtuber El Presto influyó en el giro de Brenda Uliarte, que pasó de ser una chica a la que no le importaba la política a una obsesionada por asesinar a CFK. Pero los letrados afirman que no fue sólo influencia, sino que luego alguien de más nivel y vinculado a la oposición, tuvo intervención directa en la idea del homicidio de la vicepresidenta.

El papel de Brenda Uliarte

Buena parte de la investigación se centra en Uliarte que, según se ve en los chats, es quien pone en marcha el plan: “mande a matar a Cristina, pero falló”, dice el sábado 27 de agosto cuando Fernando Sabag revela en un chat que estuvo en la esquina de Uruguay y Juncal, pero que la vicepresidenta entró al edificio antes de que el pudiera dispararle. “Entró, había poca gente y una cámara de C5N. La oportunidad era esa”, le escribió Sabag a Brenda. Según la jueza María Eugenia Capuchetti, fue Brenda la que compró la pistola Bersa con la que Sabag quiso cometer el asesinato.

La joven fue captada para las ideas de ultraderecha por Eduardo Prestofelippo, El Presto, tras un tórrido romance, frustrado, porque él terminó ignorándola. Brenda se obsesionó con el youtuber al punto que contrató a un especialista para investigarlo y, en verdad, saber de sus otras relaciones sentimentales. Al investigador le pagó por Mercado Pago. Aún así, lo que mantuvo fue la otra obsesión: matar a Cristina.

Para Ubeira ese perfil la llevó a acercarse a Revolución Federal y no únicamente en aquella marcha de las antorchas, frente a la Casa Rosada. Las abogados sostienen que hay otro vínculo que derivó en el atentado. Por ahora, no trascendió en qué consiste la relación concreta ni con qué evidencia cuentan.

La ruta del dinero

Hay dos cuestiones que están claras respecto del grupo de ultraderecha que encabezan Jonathan Morel y Leonardo Sosa:

En Revolución Federal se habla de matar desde bastante antes, tal como surge de la denuncia presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Agustín Rossi. Mencionan la posibilidad de infiltrarse en La Cámpora siete días y aprovechar cuando Cristina los saluda para asesinarla. Se lamentan de que uno de sus simpatizantes pase delante de la vivienda de Máximo Kirchner y no le dispare. Piensan también en matar a Alberto Fernández.
*El segundo elemento que está claro es que Revolución Federal recibió dinero más que dudoso. Dos transferencias de la empresa Caputo Hermanos por 1.760.000 pesos a Jonathan Morel para que haga trabajos de carpintería para un condominio en Neuquén. Dudoso porque Morel admite que aprendió el oficio por Youtube y porque su carpintería es reciente. El condominio de Neuquén no es top, pero sí de cierto nivel por encima de una carpintería de aficionado. Este viernes, Ubeira señaló en C5N, que hubo más dinero extraño para la agrupación y que presentarán las pruebas en los próximos días.
En paralelo, Ubeira deberá aportar los elementos en base a los cuales sostienen que hay un vínculo directo entre Revolución Federal y el ataque a Cristina.

El celular de Sabag Montiel

Por ahora se sabe poco y nada del contenido del celular de Sabag Montiel. Como en su momento adelantó Página/12 el Samsung se reseteó cuando se hizo un intento para desencriptarlo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró abrir el chip y la tarjeta de memoria, con lo cual se recuperaron algunos elementos que estaban en la nube. Por ahora, según fuentes judiciales, no surge nada referente al ataque, pero es posible que los investigadores estén manejando las cosas con confidencialidad.

En verdad no se sabe si el celular que Sabag llevaba el 1 de septiembre era el que verdaderamente usaba. En su vivienda se encontraron numerosas carcasas y hay testigos que cuentan que el atacante utilizaba varios aparatos, algunos de ellos robados.

Por de pronto, parece claro que él trataba de complacer a Brenda, con la que mantenía una relación caótica: a la chica le prometía un vínculo duradero, pero en los chats hay elementos tormentosos que jugaron su papel.

Los poquitos y los poquitísimos

En la causa por el atentado contra la AMIA, transcurrido varios años, circulaba una ironía: el grupo que trabajaba en la investigación se autodenominó Los Poquitos, una ironía destinada a evidenciar que la causa por el ataque más mortífero de la historia argentina estaba en manos de apenas seis personas. Como es obvio, la investigación fue un fracaso, además de que se sembraron pistas falsas.

El aparato judicial, hoy alineado con el macrismo, está repitiendo la historia. El equipo de la jueza Capuchetti debería llamarse Los Poquitísimos. Esta semana Ubeira presentó un escrito señalando, de hecho, que se tomó el caso dándole la misma relevancia que una tentativa de asesinato en una esquina cualquiera a una persona cualquiera. La Corte Suprema ha hecho trascender que reforzarán la dotación de personal esta semana: transcurrió un mes y diez días del intento de homicidio para este refuerzo tardío.

El sistema judicial argentino exhibe el siguiente contrapunto: el parricidio en Vicente López lo investigan tres fiscales; en el juicio por el caso García Belsunce intervienen tres fiscales; en Vialidad hubo dos fiscales en la instrucción y hay dos en el juicio. En la investigación por el intento de matar a la vicepresidente, hay un solo fiscal, Carlos Rívolo.

Y eso se traduce en que todo es lento. Esta semana, por ejemplo, será citado a declarar el dueño de un departamento sobre la avenida Callao. Es la propiedad que supuestamente iban a alquilar Sabag y Brenda para llevar adelante el plan del homicidio. El departamento queda a siete cuadras del edificio en el que vive CFK y no está claro para qué se iba a usar esa propiedad ni con qué dinero iban a pagar el alquiler. Es un testimonio que debió tomarse hace tiempo. La investigación sobre Joana Colman que intercambia mensajes dándole instrucciones al grupo, también esta demorada. 

Pero el aparato judicial no sólo no juega a favor, sino que patea en contra. La Cámara Federal resolvió que se investiguen por separado el atentado y las amenazas de Revolución Federal, o sea que se sigue considerando que el ataque a CFK fue virtualmente apolítico. A esto se agrega que, en lugar de sacarle el turno y los demás expedientes a Capuchetti, le mantienen todo como si lo ocurrido fuera un hecho cualquiera. Para la Corte Suprema lo sucedido en Uruguay y Juncal es rutina pura, no un ataque contra la vicepresidenta y la convivencia democrática.