El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, enfrenta el escenario político más adverso desde su asunción debido a las controversias derivadas de la presentación extemporánea de su declaración jurada patrimonial. La situación generó una doble ofensiva que combina requerimientos de informes urgentes por parte de la Justicia federal con una acción coordinada en el Congreso de la Nación, donde diversas bancadas opositoras y bloques aliados exigen su inmediata remoción del cargo.

El estado de las actuaciones judiciales, el posicionamiento de los bloques parlamentarios y el nivel de aislamiento interno del funcionario se detallan a continuación:

Medidas del Ministerio Público Fiscal e inconsistencias patrimoniales

En el plano tribunalicio, el fiscal federal Gerardo Pollicita dio curso a una serie de diligencias procesales orientadas a fiscalizar la evolución patrimonial del ministro coordinador. Para ello, libró órdenes de presentación de informes con carácter de urgencia dirigidas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Oficina Anticorrupción (OA), con el propósito de contrastar las declaraciones juradas formales y sus posteriores rectificaciones. La investigación judicial se centra en una presunta demora de más de 90 días en la presentación de los activos y en las contradicciones normativas surgidas a partir de la admisión pública de tenencia de ahorros fuera del circuito fiscal formal y la percepción de utilidades financieras asociadas a carteras de criptomonedas.

Pedidos de sesión especial y quiebre de los bloques aliados en Diputados

La repercusión en la Cámara Baja debilitó el esquema de gobernabilidad legislativa del oficialismo. Bloques opositores formalizaron la solicitud de una sesión especial con el objeto exclusivo de debatir el apartamiento de Adorni de la jefatura de ministros. Esta iniciativa cosechó el distanciamiento político de bancadas clave para la Casa Rosada como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos representantes manifestaron severos reparos a la continuidad del vocero presidencial.

Asimismo, el bloque Provincias Unidas emitió un duro pronunciamiento multipartidario en el que dictaminó que Adorni carece de legitimidad para continuar en el ejercicio de sus funciones ministeriales, argumentando que el Poder Ejecutivo no puede convalidar contradicciones patrimoniales ni sostener la permanencia de funcionarios bajo sospecha de utilizar las prerrogativas del poder del Estado en beneficio propio.

Aislamiento en la estructura del Poder Ejecutivo

La crisis institucional trascendió los límites del parlamento e impactó de forma directa en el seno de la coalición de gobierno. Diversas terminales políticas de La Libertad Avanza evidenciaron una pérdida total de respaldo hacia la figura del jefe de Gabinete. Las manifestaciones críticas expresadas públicamente por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, terminaron de consolidar un cuadro de aislamiento político para el funcionario dentro de la mesa chica de la administración central.