Las querellas integradas por los ahorristas damnificados en el caso del criptoactivo $LIBRA formalizaron una presentación judicial ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para rechazar de forma taxativa el planteo de la defensa de Mauricio Novelli, el lobista e intermediario financiero imputado por el lanzamiento del token. La representación legal del operador buscaba apartar a las víctimas del expediente bajo el argumento de que el desplome de la cotización correspondió a las oscilaciones orgánicas del mercado de divisas digitales y no a una estafa material, apelando al criterio de «autorresponsabilidad» de cada comprador. En respuesta, las presentaciones de los perjudicados afirmaron que la operatoria constituyó una maniobra delictiva compleja que abarcó una asociación ilícita, el cobro de dádivas y el lavado de activos a gran escala.

De acuerdo con los escritos judiciales presentados por los afectados, entre ellos el inversor Martín Romeo, la maniobra fraudulenta no puede ser encuadrada como una inversión fallida en un ámbito no regulado, sino como una trampa de liquidez programada (conocida en la jerga financiera como Rug Pull). Las querellas argumentaron que el «engaño idóneo» se cimentó en la construcción de una apariencia de proyecto productivo estatal destinado al financiamiento de pequeñas y medianas empresas (pymes), el cual fue legitimado y dotado de prestigio institucional de forma pública a través de las redes sociales del propio presidente de la Nación, Javier Milei, configurando una simulación delictiva que vició la voluntad de más de cuarenta mil compradores.

Los parámetros de control algorítmico denunciados, el rol adjudicado a los funcionarios del Poder Ejecutivo y el estado de las pericias sobre los dispositivos telefónicos se describen a continuación.

Manipulación mediante bots, uso de información privilegiada y triangulación de fondos

Las presentaciones patrocinadas por diferentes equipos jurídicos, incluyendo a los letrados Nicolás Rechanik, Yamil Castro Bianchi y Nicolás Oszut, detallaron que el equipo creador de $LIBRA alteró de manera deliberada las reglas del libre mercado. Las peritajes informáticos privados aportados a la causa señalan la existencia de un retiro coordinado de fondos equivalentes a 44,5 millones de dólares mediante el uso de algoritmos automatizados (bots) de compraventa. Esta extracción masiva de los pools de liquidez se habría ejecutado con una antelación de apenas 22 segundos respecto a la difusión del posteo presidencial que disparó el interés general del público minorista, denotando un esquema de Insider Trading o tráfico de información privilegiada.

Las auditorías de flujos digitales, que incluyen reportes de la consultora internacional Arkham que evalúan el perjuicio global en una cifra cercana a los 280 millones de dólares, permitieron a las querellas enumerar las siguientes irregularidades técnicas dentro de la causa:

• Infiltración Institucional: Se investiga el acceso privilegiado a datos y normativas mediante presuntos nexos con exasesores de la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Sergio Morales.
• Falsificación de Tracción: La compra automatizada de interacciones falsas en plataformas digitales para simular un interés comercial masivo e inexistente en torno al token.
• Sobornos Internacionales: El presunto desembolso de 1.550.000 dólares a firmas extranjeras, entre ellas Kelsier Group LATAM del desarrollador estadounidense Hayden Davis, para pautar el acceso directo a las oficinas de la Casa Rosada.
• Movimientos Patrimoniales: El vaciamiento inmediato de cajas de seguridad bancarias físicas bajo titularidad de los principales sospechosos en simultáneo con el desplome del activo.

Respaldo de los tribunales superiores a las víctimas y el análisis de la ruta financiera

La legitimación de los damnificados como parte activa del proceso penal ya fue validada con anterioridad por sucesivas instancias jurisdiccionales, registrando dictámenes favorables en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, la Cámara Federal de Apelaciones, la Cámara Federal de Casación Penal y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las víctimas recordaron que el propio fiscal de la causa, Eduardo Taiano, delimitó el objeto de la investigación al constatar que la cotización del activo experimentó una caída abrupta provocada por las ventas masivas del núcleo de creadores, descartando la teoría de una fluctuación económica aleatoria.

En la actual etapa de la instrucción, el juzgado de Martínez de Giorgi mantiene vigentes medidas precautorias de inhibición y congelamiento de bienes sobre los patrimonios de Novelli y su socio operativo, Manuel Terrones Godoy. En paralelo, los equipos periciales avanzan en el procesamiento de los datos extraídos del teléfono celular del lobista —cuya nulidad fue solicitada por su defensa—, donde constarían comunicaciones de carácter urgente mantenidas con el entorno presidencial de Javier y Karina Milei en los milisegundos previos y posteriores al colapso financiero de la moneda virtual, restando procesar los informes bancarios correspondientes a las transferencias hacia estructuras y cuentas radicadas en guaridas fiscales del extranjero.