En los próximos días empieza el juicio a Gustavo Zanchetta, quien se desempeñaba en la diócesis de Orán. Lo denunciaron dos seminaristas, que afirman que sufrieron presiones para no ir a la Justicia.

   

La Iglesia en la Argentina no escapó al flagelo de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero que salió a la luz a nivel mundial hace dos décadas con la investigación del diario The Boston Globe, que reveló el encubrimiento de decenas de curas abusadores en la arquidiócesis de Boston. Como si hubiese reventado un dique, luego se conocieron muchos otros casos en otros países con el consiguiente tendal de víctimas con daños irreparables y que le asestaron a la institución católica un durísimo golpe.

El estallido del escándalo -que puso en evidencia un ominoso sistema de traslado de los acusados a destinos lejanos- obligó a un Papa ya muy enfermo, Juan Pablo II, a empezar a tomar medidas de castigo y prevención. Pero fue Benedicto XVI el que realmente tomó el toro por las astas y comenzó a combatir con energía el flagelo, un camino que profundizó Francisco, a lo largo del cual se debieron vencer reticencias internas por actitudes corporativas, no exentas en ciertos casos de complicidad.

Benedicto XVI había avanzado en cuestiones como la suspensión del acusado, la denuncia al Poder Judicial y la asistencia a la víctima. Entre las muchas medidas que tomó Francisco se cuenta investigar toda denuncia, aunque sea anónima, la exoneración del obispo que no investiga debidamente un presunto abuso contra uno de sus sacerdotes y la eliminación del secreto pontificio en los casos que tramita la Iglesia y el acceso a los juicios eclesiásticos de la Justicia del país correspondiente.

En los últimos tiempos, cada vez más Conferencias Episcopales -los organismos que nuclean a los obispos de cada país- decidieron encargar a comisiones independientes el rastreo de casos en sus naciones. Así ocurrió, por ejemplo, en Francia, donde se detectó la existencia de decenas de miles de abusos en los últimos setenta años. Más recientemente se conoció un trabajo en Alemania y luego otro en particular en la diócesis de Munich. También hubo en diócesis norteamericanas.

En América Latina no hay datos precisos de casos. Pero uno de los máximos especialistas del Vaticano en estas cuestiones, el sacerdote jesuita Hans Zollner, dijo recientemente que la proporción de curas abusadores en la región debe ser similar a la de Europa, es decir, entre el 3 y el 5 por ciento del clero. Aunque la mayor cantidad de abusadores se da dentro del grupo familiar y sus allegados, el porcentaje en el clero es elevado y especialmente grave por su condición.

Con respecto a la Argentina no se cuenta con una investigación institucional. Hace unos años una investigación del diario La Nación contabilizó en las últimas décadas unos 65 casos, entre condenas, procesos judiciales en curso y denuncias. Pero seguramente hay muchos más. Un caso especialmente horroroso fue el que se produjo hace unos años en el Instituto Próvolo, en Mendoza, donde fueron abusados decenas de chicos sordos por parte de dos sacerdotes.

Como en otros países, no solo hubo violación de menores -el caso del padre Grassi, condenado por la Justicia, fue emblemático, aunque su culpabilidad suscitó dudas en la cúpula eclesiástica-, sino también abuso de seminaristas. En 2002 estalló el escándalo de los casos de abuso en perjuicio de jóvenes que se estaban formando para ser sacerdotes por parte del entonces arzobispo de Santa Fe, Gabriel Storni, quien fue condenado por la Justicia.

Esta semana comenzará en la provincia de Salta el juicio a otro obispo que se desempeñaba en la diócesis de Orán, Gustavo Zanchetta, acusado también de haber abusado de seminaristas. Dos de ellos lo denunciaron, pese a que afirman haber sufrido presiones de miembros de la Iglesia en Orán para no recurrir a la Justicia. Uno dijo que se refugió en una parroquia cuyo párroco también intentó abusar de él y ahora esta siendo juzgado.

Zanchetta elevó su renuncia al Papa en 2017, si bien para Francisco todavía no existían evidencias suficientes de haber presuntamente delinquido y, por tanto, lo nombró en un cargo en el APSA, el organismo que administra el patrimonio de la Santa Sede, dado que le atribuye capacidad de gestión. Pero al crecer los indicios inmediatamente lo suspendió y dispuso la apertura del juicio canónico de rigor.

Posteriormente, ante el pedido del tribunal salteño que interviene, Francisco autorizó el envío del expediente del proceso eclesiástico (tal como lo dispuso para todos los casos requeridos por un juez) que comenzó a instruirse en el tribunal del arzobispado de Tucumán y que tiene como instancia final de tramitación la congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

Más allá de que la justicia penal -además de la eclesiástica- deberá pronunciarse acerca de la culpabilidad o la inocencia de Zanchetta, las denuncias en su contra se suman a una bochornosa saga de un flagelo que, pese a todos los esfuerzos que encabeza el Papa, no está resultando fácil de afrontar y desterrar.