La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró un avance significativo tras la declaración de dos testigos clave en los tribunales federales de Comodoro Py.
En el marco de la investigación, las mujeres brindaron detalles sobre la entrega de miles de dólares en efectivo destinados a financiar la compra de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires. Las audiencias se llevaron a cabo ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
Quiénes son las testigos
Las declarantes fueron identificadas como Graciela Isabel Molina, comisaria retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria María José Cancio, también integrante de la fuerza. Ambas figuran como prestamistas de un crédito por 100.000 dólares en efectivo para la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
Durante sus testimonios, explicaron el origen de los fondos:
- Graciela Molina aportó el 85% del monto, justificándolo mediante el cobro de un juicio sucesorio y litigios laborales de su difunto esposo.
- Victoria Cancio cubrió el 15% restante con ahorros personales y el cobro de alquileres.
Uno de los aspectos que despertó mayor interés entre los investigadores es que ambas aseguraron no conocer previamente al funcionario. Según indicaron, el contacto se concretó a través de una escribana y Molina admitió haber mantenido un único encuentro con Adorni un día antes de la operación.
Las condiciones del préstamo
De acuerdo con lo declarado, el crédito fue pactado a dos años con una tasa del 11% anual. Las prestamistas señalaron que el funcionario ya devolvió 30.000 dólares del capital y que abona los intereses mensuales, mientras que los 70.000 restantes vencerán en noviembre.
Para corroborar la información, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y dispuso el análisis de los teléfonos celulares de las testigos.
Otras operaciones bajo investigación
El expediente también abarca una segunda operación inmobiliaria en el barrio de Caballito. En ese caso, Adorni habría abonado 30.000 dólares al momento de la escritura y contraído una deuda de 200.000 dólares sin intereses, una modalidad que generó sospechas en la fiscalía.
La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y además incluye una acusación por presuntas dádivas vinculada a un viaje en avión privado a Punta del Este, financiado por el empresario y periodista Marcelo Grandío.
Con la incorporación de estas pruebas testimoniales y documentales, la Justicia continúa avanzando en la definición de la situación procesal de uno de los funcionarios más relevantes del Gobierno nacional.