El equilibrio financiero de las provincias argentinas atraviesa un momento de alta vulnerabilidad. Según un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, el mapa fiscal ha dado un giro drástico: el conjunto de las jurisdicciones pasó de un superávit consolidado del 1,1% de sus ingresos en 2024 a cerrar el último ejercicio con un déficit del 2,9%.

Este deterioro se explica por una brecha creciente entre la evolución de los gastos y la dinámica de los ingresos, en un contexto de caída de la actividad económica y menor asistencia nacional.

Los factores que impulsan el déficit

Si bien cada distrito presenta realidades distintas, el informe identifica un patrón común que afecta a casi todos los gobernadores:

• Gasto en ascenso: Las erogaciones crecieron cerca de un 9%. Este incremento fue impulsado principalmente por la necesidad de recomponer salarios públicos tras el atraso acumulado en 2024, sumado a un leve aumento en los gastos de capital y gastos legislativos.
• Ingresos estancados: Los recursos totales apenas avanzaron un 3%, quedando muy por detrás de la inflación.
• Caída de la recaudación nacional: Durante los últimos ocho meses, la recaudación de impuestos clave como el IVA y Ganancias ha caído en términos reales, impactando directamente en los fondos que la Nación distribuye por coparticipación.

El impacto de la coparticipación

De acuerdo con datos del IARAF, la caída de la recaudación nacional ha significado una pérdida superior a $1,1 billones para el conjunto de las provincias y la CABA solo en el primer trimestre de 2026. Esta reducción de los envíos automáticos limita el margen de maniobra de las administraciones locales para sostener servicios básicos y obra pública.

Santiago del Estero como excepción

En medio de este panorama de «números rojos» generalizado —donde Tierra del Fuego registra el peor resultado con un déficit del 16,4%—, Santiago del Estero se mantiene como una de las pocas excepciones. Con un superávit fiscal del 4,6%, la provincia logra esquivar la tendencia nacional gracias a una administración que prioriza el equilibrio financiero y el uso de recursos propios ante el recorte de transferencias externas.

El escenario para lo que resta de 2026 obligará a muchos mandatarios provinciales a buscar financiamiento adicional o refinanciar deudas para cubrir los baches presupuestarios generados por la caída de los ingresos tributarios.