El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) liberó un financiamiento de U$S 300 millones para el Gobierno nacional, generando un endeudamiento adicional oficializado a través del Decreto 1177/2026. La llegada de estas divisas se vincula con la reglamentación del Decreto 1023/26, disposición que habilita al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a implementar un esquema de retiros voluntarios en la planta permanente con la meta de concretar un recorte de 21.000 cargos en la administración pública.

El desembolso del organismo crediticio, orientados a promover el desarrollo regional y la contención social, se destinará en esta oportunidad a solventar la reducción de la estructura estatal. El avance del programa de desvinculaciones y el incremento de la deuda pública desataron duras críticas por parte de las organizaciones gremiales del sector.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió de manera tajante la iniciativa por considerar que acelera el desmantelamiento de las funciones del Estado. En señal de protesta contra la reducción de puestos de trabajo y el endeudamiento, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, ratificó una convocatoria de movilización hacia la Quinta Presidencial de Olivos.