Legisladores del peronismo, Juntos por el Cambio y bloques provinciales adelantaron su desacuerdo con el decretazo dictado por el Presidente y reclamaron que las propuestas sean debatidas en el Parlamento.
«Cambió todo. Lo que este tipo mandó es inaguantable, parece armado para que no sea aprobado». La frase del dirigente de Unión por la Patria retumbó en el tercer piso del Congreso de la Nación, el campo de batalla en donde se definirá la validez o no del decretazo desregulador de Javier Milei.
Atrás quedó, para varios peronistas, la mayoría circunstancial que La Libertad Avanza había logrado tejer en el último par de semanas con radicales, macristas, exPRO, lilitos y fuerzas provinciales: las quejas de figuras como Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto y Horacio Rodríguez Larreta habían comenzado a pintar otro panorama. La prueba de fuego, sin embargo, será la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en donde deberá ponerse a consideración el mega DNU tarde o temprano (LLA prefiere lo primero, UxP lo segundo). Allí, la mayoría había quedado en manos de la alianza construida por el oficialismo, pero, en las últimas horas, sus socios comenzaron a mostrar los dientes.
Las luces del Palacio Legislativo estuvieron prendidas hasta las 3 de la madrugada y, luego, desde bien temprano de la mañana del jueves. Se sucedían reuniones frenéticas en distintos despachos, todas abocadas a dilucidar las 83 páginas de 366 artículos que componía el DNU firmado por Milei. La mayoría no había llegado a leer el detalle de todas las leyes que se estaban modificando y derogando, aunque sí la mayoría, y casi todos coincidían en algo: nunca antes en la historia se había borrado de un plumazo 100 años de trabajo legislativo como hizo ahora el Presidente. Las discusiones de forma se cruzaban con las de contenido y a las protestas por la violación de la división de poderes se sumaban las críticas, concretas, a la limitación del derecho a huelga, la liberalización del mercado de alquileres, la eliminación de los regímenes de promoción industrial y el aumento de las prepagas.
Los primeros en sentar posición, envalentonados por los cacerolazos de la noche anterior, fueron los diputados de Unión por la Patria, que se reunieron durante horas con los referentes de la CGT y las dos CTA. El objetivo era coordinar una estrategia común entre «el Palacio y la calle» y, luego de que Héctor Daer, Carlos Acuña y el resto de los sindicalistas partieran a debatir internamente sus medidas, la bancada que lidera Germán Martínez emitió un comunicado. «Nuestro bloque va a articular todas las acciones necesarias para que el Congreso rechace el DNU», advirtieron, oficialmente, desde el bloque. En sintonía, del otro lado de Pasos Perdidos, el titular de la bancada en el Senado, Jose Mayans, también sumaría presión: «Estamos en marcha para poder parar esto».
El principal objetivo, ahora, será la pelea en la Bicameral de Trámite Legislativo, una comisión integrada por ocho diputados y ocho senadores que tiene la función de expedirse sobre la validez de los DNUs. Una vez que dictamina, el DNU se lleva al recinto y solo si las dos cámaras lo rechazan el decreto se cae, si no se mantiene vigente: un detalle introducido por el kirchnerismo en 2006 que llevó a que, al día de hoy, varios se estén agarrando la cabeza. Es por ello que nunca en la historia argentina el Congreso bochó un DNU presidencial: la legislación está hecha a medida de los Ejecutivos. UxP, sin embargo, busca modificar el rumbo de esta larga tradición, aunque no puede hacerlo solo.