A través de la Resolución 439/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó la prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal por un período de 24 meses. La medida, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, responde a la crítica saturación de las unidades carcelarias, las cuales operan actualmente al 106% de su capacidad operativa.

La resolución advierte que la infraestructura disponible ha sido ampliamente superada por el flujo de ingresos de internos, lo que impide garantizar condiciones adecuadas de alojamiento y custodia.

Las cifras del colapso

El informe técnico que sustenta la prórroga detalla un escenario de extrema presión sobre el Servicio Penitenciario Federal (SPF):

• Población actual: El sistema aloja a 12.248 personas, pese a contar con una capacidad máxima de 10.932 plazas.
• Demanda contenida: Además de los internos actuales, existen 5.073 detenidos en comisarías y otras dependencias que aguardan vacantes para ser trasladados a unidades federales.
• Flujo de ingresos: Entre finales de 2023 y marzo de 2026, se registró el ingreso de más de 15.000 nuevos detenidos, una cifra que desbordó cualquier previsión de ampliación edilicia.

El factor CABA y la situación procesal

Un punto clave señalado por el Ejecutivo es el impacto de las causas ordinarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El SPF custodia actualmente a 5.983 internos vinculados a la justicia porteña, lo que representa casi el 50% de la población total. El Gobierno vincula esta saturación al retraso en el traspaso de la competencia penal ordinaria a la órbita de CABA.

En cuanto a la situación legal de los alojados, las estadísticas oficiales indican:

• 61,83% de los internos cuentan con condena firme.
• 38,17% permanecen bajo proceso judicial, a la espera de una sentencia definitiva.

Con esta extensión de la emergencia, el Ministerio de Seguridad busca agilizar contrataciones, obras de infraestructura y mecanismos de gestión que permitan mitigar la sobrepoblación y el riesgo de incidentes en los penales federales de todo el país.