El Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo de los históricos complejos hoteleros de la Unidad Turística Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, y del complejo de Chapadmalal, situado en Mar del Plata. La medida se implementó en el marco de las políticas de reducción del sector público llevadas adelante por la administración de Javier Milei. Ambos predios estatales fueron transferidos a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el propósito de ser vendidos o concesionados a firmas privadas.

La clausura de las unidades turísticas provocó el cese inmediato de actividades para cerca de 150 trabajadores. Las cesantías afectaron de forma diferenciada al personal según su condición de contratación, generando además una situación crítica para las familias que residían dentro de las instalaciones de la Costa Atlántica.

Impacto laboral y desalojo de las familias residentes

De acuerdo con los datos suministrados por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el impacto de la medida desglosado por región y situación contractual presenta las siguientes características:

• Despidos y disponibilidad en Embalse: En el complejo cordobés se registraron 45 personas afectadas. Un grupo de 15 empleados bajo contratos temporales fueron echados de forma inmediata, mientras que 30 agentes de planta permanente pasaron a la condición legal de «disponibilidad» por un lapso de 12 meses para ser reubicados en otras dependencias públicas o, de lo contrario, ser indemnizados.
• Situación del personal en Chapadmalal: El establecimiento de la provincia de Buenos Aires quedó completamente sin personal bajo el mismo esquema de despidos directos y pases a disponibilidad obligatoria.
• Orden de desalojo habitacional: La referente gremial de ATE en Chapadmalal, Florencia Marco Ruiz, denunció que la decisión oficial afecta con gravedad a más de 30 familias que habitaban en los pabellones del predio desde hacía más de 20 años, a quienes se les otorgó un plazo perentorio de diez días para abandonar sus viviendas bajo el trato de «intrusos».
• Fin del turismo social: Ambas estructuras, inauguradas a mediados del siglo pasado, constituían los pilares de la política estatal de turismo social en el país, destinada a garantizar el acceso a las vacaciones a familias de sectores vulnerables y de bajos recursos económicos.