El Gobierno nacional contempla la venta de hasta 50.000 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de una revisión de la titularidad de los inmuebles y campos experimentales asignados al organismo estatal. La medida fue ratificada por el presidente de la entidad, Nicolás Bronzovich, quien afirmó que solo la mitad de las cerca de 100.000 hectáreas operativas del instituto posee un uso científico directo, confirmando además que ya se avanzó con la desafectación previa de unas 15.000 hectáreas.

El anuncio profundiza la tensión entre la administración central y las organizaciones sindicales del sector. Desde los gremios Apinta y ATE denunciaron que la iniciativa no responde a criterios de eficiencia ni al combate del déficit fiscal —al señalar que el organismo genera recursos propios superavitarios—, sino que responde a un intento de remate patrimonial orientado a negocios inmobiliarios.

Iniciativas previas y recortes acumulados

El plan de enajenación de tierras se suma a una serie de reestructuraciones sobre el sistema científico y productivo público:

• Intentos de subasta y cesiones: A finales de 2024 se proyectó la venta de 27.000 hectáreas en 22 campos experimentales. En tanto, una subasta de más de 30 hectáreas pertenecientes al ex-INTA AMBA en Ituzaingó fue frenada mediante un fallo judicial, mientras que la comercialización de la sede histórica del organismo en el barrio porteño de Palermo logró concretarse.
• Reducción de estructura: En materia de personal e investigación, la gestión nacional aplicó un recorte del 15 % en la dotación de la planta de empleados y dio de baja alrededor de 80 programas de investigación.

Desde la representación de los trabajadores advirtieron que las tierras bajo análisis no constituyen predios ociosos, sino reservorios de diversidad genética vegetal y ambiental necesarios para desarrollar semillas adaptadas a las distintas regiones productivas del país.