El Gobierno nacional se encuentra ante un inminente límite legal y operativo para hacer efectiva la transferencia de los recursos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario. La devaluación de los recursos procesales del oficialismo se aceleró de manera determinante luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso extraordinario federal, dejando plenamente vigente la medida cautelar que ordena el inmediato cumplimiento de la normativa orientada a recomponer los ingresos del personal docente y nodocente de las universidades públicas.
En este complejo escenario judicial, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, conducida por Alejandro Álvarez, inició los correspondientes trámites administrativos ante el Ministerio de Capital Humano para requerir una transferencia presupuestaria de 1,3 billones de pesos. Según consta en el requerimiento formal, dicha partida tiene por objeto solventar las actualizaciones de los haberes correspondientes al primer semestre del corriente año y dar cobertura material a las exigencias dictadas por la resolución judicial. Paralelamente, los equipos jurídicos del Gobierno presentaron un recurso para intentar dejar sin efecto la cautelar del juez federal Martín Cormick, argumentando ante los tribunales que las circunstancias de emergencia salarial que motivaron la medida judicial quedaron modificadas tras la firma de un reciente entendimiento salarial con los rectores que componen el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Por el lado de la representación de los trabajadores, los sindicatos docentes de la Universidad de Buenos Aires mantienen un estado de alerta y movilización ante la proximidad de las liquidaciones mensuales. Los referentes de ADUBA y AGD-UBA advirtieron que, de no verse reflejados los incrementos exigidos por la ley en las cuentas del personal, convocarán a un adelantamiento de las discusiones paritarias nacionales y definirán un nuevo esquema de medidas de fuerza. En tanto, desde el ámbito legislativo, el oficialismo y sus bloques aliados optaron por postergar las comisiones de debate educativo en la Cámara de Diputados, bajo el argumento político de que las transferencias financieras correspondientes se efectivizarán en los próximos cronogramas de pago estatales.