El Presidente enviará este miércoles el pedido a Carolina Gaillard, titular de la Comisión que deberá tratarlo. Consiguió sumar la firma de 11 de los 18 gobernadores que rechazaron el fallo del Máximo Tribunal que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la Coparticipación.

   

El presidente Alberto Fernández ultima los detalles del llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para iniciar el proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El pedido para evaluar el desempeño del Máximo Tribunal lo enviará este miércoles a Carolina Gaillard, titular de la Comisión que deberá tratarlo.

El Presidente logró acompañar el pedido de juicio político con la firma de 11 de los 18 gobernadores que rechazaron el fallo del Máximo Tribunal, que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de recursos coparticipables que se definió en 2020.

El pedido de iniciar el proceso institucional de juicio político alcanza al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y al resto de sus miembros, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En el escrito que enviarán al Congreso, Alberto Fernández y los 11 gobernadores acusan a los integrantes del Máximo Tribunal de poner “en riesgo el equilibrio republicano” y de afectar “seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional” de la Argentina al “invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes”.

Cómo es el proceso de juicio político

Para comenzar el tratamiento del pedido de juicio político, la diputada Gaillard dijo que “una vez ingresado el proyecto se debe esperar la convocatoria a extraordinaria que debe realizar el Presidente de la Nación”.

“Una vez que esté la convocatoria a sesiones extraordinarias, vamos a convocar a la Comisión y a estudiar el tema, y allí se realizará el informe que prevé el artículo 9 del reglamento, donde se analiza el índice de verosimilitud de la denuncia. A partir de ahí se abre el sumario del proceso de investigación”, explicó la presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Una vez que ese órgano procede a hacer el sumario y concluye con la investigación en la que se aporta toda la prueba, “se toma la declaración del denunciado, que puede comparecer o no”. “Se le dan todas las posibilidades de ejercer el derecho de defensa, mostrándole todas las pruebas que se hayan reunido”, aclaró la diputada.

Como cierre “se realiza el dictamen que avala o no la procedencia de la acusación para llevarlo al recinto, al pleno de la Cámara, donde sí se necesitan dos tercios de los presentes para probar la acusación”, precisó.