Una auditoría del Ministerio de Salud reveló un fraude millonario en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el ejercicio 2025. La investigación expuso desvíos de precios que alcanzan un 4239% en la compra de sillas de ruedas, prótesis y otros insumos, mediante un esquema de contrataciones paralelas que benefició a un grupo selecto de proveedores.

A raíz de estos hallazgos, el fiscal Franco Picardi impulsa una causa judicial que investiga una red de conexiones societarias y familiares diseñada para distorsionar la competencia y defraudar al Estado.

Cifras abismales y comparativas de precios

El informe técnico del Ministerio califica los desvíos como «técnicamente indefendibles». El esquema permitía pagar montos exorbitantes por productos que en el mercado tienen valores significativamente menores:

• Sillas de ruedas: ANDIS pagó $19 millones por unidades cuyo valor de referencia es de $1,2 millones.
• Válvulas cardíacas: Se facturaron a $425 millones, mientras que otros organismos como PAMI las adquirían por $124 millones.

Los auditores también cuestionaron la compra de componentes importados de lujo, señalando que no representaban una ventaja terapéutica que justificara semejante erogación del Tesoro Nacional.

El «Grupo Museo» y la manipulación de licitaciones

La Justicia ha citado a indagatoria a 49 personas, entre las que destaca el contador Osmar Mariano Caballi, socio de la firma Farma Salud, empresa que habría absorbido fondos por $7.900 millones. Caballi es señalado como el nexo clave para digitar los negocios desde adentro de la agencia.

La investigación detalló los métodos utilizados para el fraude:

• Alteración del sistema digital: Se vulneró el sistema Siipfis para predeterminar a los ganadores de los concursos.
• Chat de WhatsApp: La fiscalía identificó un grupo denominado «Grupo Museo», donde exfuncionarios y operadores externos coordinaban a qué «empresas amigas» se invitaba a participar de las licitaciones amañadas.

Actualmente, el juez Ariel Lijo ha ordenado peritajes urgentes sobre audios filtrados que confirmarían el cobro de coimas, mientras los involucrados intentan solicitar la nulidad de la causa que mantiene en alerta a todo el sistema de salud y discapacidad del país.