El Gobierno envió esta tarde al Congreso la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, con la segunda parte de su reforma del Estado. Contiene el blanqueo.
El Gobierno nacional envió esta tarde al Congreso de la Nación la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, informó la cuenta oficial de la oficina del mandatario.
“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, dice la publicación en la plataforma X (antes Twitter).
El paquete de leyes lleva como título una alusión a Juan Bautista Alberdi: “Es uno de los padres de nuestra Patria y autor intelectual de nuestra primera constitución, a quien por supuesto todos saben el Presidente admira profundamente”.
Esta semana el Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional desde ayer -26 de diciembre- hasta el 31 de enero del 2024 para tratar un paquete de iniciativas impulsadas por el oficialismo entre las que figuran reformas del Estado y del Impuesto a las Ganancias y la instauración del Sistema de Boleta Única.
Según explicó el portavoz, el proyecto “complementa” las reformas dictadas por la Casa Rosada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dado a conocer hace una semana y ambos comparten el “norte” que está “puesto en la libertad de cada uno de los argentinos”.
Cuando se oficializó la presentación del proyecto, Adorni publicó en su cuenta de la red X: “Por la libertad, la prosperidad y la República”.
Privatización de las empresas públicas
Se dispone la privatización de aquellas empresas y sociedades “de propiedad total o mayoritaria estatal” entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; YPF; Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.
Como ya se había anticipado, la intención del Gobierno es constituir sociedades anónimas “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.
Sin permiso para protestar
El proyecto también propone la modificación del artículo 194 del Código Penal para endurecer las penas a los manifestantes, estén o no presentes al momento de la protesta. Mientras que el texto vigente establece de tres meses a dos años de prisión para “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, el Gobierno de Milei quiere penar con dos a cuatro años de cárcel a quienes con un arma interrumpan el servicio de transporte público; con dos a cinco años a “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado” estén o no en el lugar y con tres a seis años a quienes amenacen a una persona con sacarle la “asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole” para que asistan a una protesta.
Con permiso para disparar
Asimismo, la propuesta del Gobierno es reformar el artículo 34 del Código Penal para extender la definición de la legítima defensa y habilitar que no serán penados quienes obren “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
El Código vigente, por el contrario, establece que “las fuerzas de seguridad podrán hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.
Reforma electoral
Como ya había anticipado, el Presidente busca eliminar el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y también implementar el uso de la Boleta Única.
“Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema tan arcaico donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos y de alianzas y de sectores”, había dicho el ministro del Interior, Guillermo Francos.
El proyecto, asimismo, pretende cambiar la composición de la Cámara de Diputados. Se pasaría del sistema actual -D’Hont- que determina la cantidad de diputados de forma proporcional con la población, a un sistema de circunscripciones uninominales. Esto último implica la división del país en 254 circunscripciones y se elegirá un diputado por cada una.