La distribución de los recursos federales ha vuelto a tensar la relación entre la Casa Rosada y el interior. Según un informe de la Jefatura de Gabinete, el Estado nacional transfirió un total de $348.267 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre diciembre de 2023 y principios de abril de 2026.
El flujo de fondos mostró un crecimiento progresivo: tras los $49.800 millones enviados en 2024, la cifra saltó a $209.000 millones en 2025, mientras que en lo que va de 2026 ya se han girado $74.000 millones.
El ranking de las provincias beneficiadas
El reparto ha estado marcado por una fuerte concentración geográfica y política. Solo cuatro provincias absorbieron más del 40% del total de los recursos distribuidos:
- Misiones y Tucumán: Encabezan el listado con $41.500 millones cada una.
- Salta: Recibió $32.500 millones.
- Entre Ríos: Sumó $32.144 millones.
En contraste, seis distritos no registraron ingresos por esta vía en el período analizado: Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Judicialización y el rol de la Corte Suprema
La disparidad en la asignación de fondos llevó el conflicto a la justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió asumir competencia originaria ante una demanda presentada por la provincia de La Pampa.
El eje de la disputa radica en la naturaleza de los ATN:
- El reclamo provincial: Sostiene que estos fondos (el 1% de la masa coparticipable) deberían distribuirse de forma automática y no bajo criterios discrecionales del Poder Ejecutivo.
- La intervención judicial: El máximo tribunal —integrado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti— corrió traslado al Gobierno nacional para que responda a la demanda, en lo que podría sentar un precedente sobre el manejo de los recursos federales.
Asistencias recientes y contexto político
Tan solo en marzo de 2026, se enviaron $43.000 millones adicionales bajo el argumento de «desequilibrios financieros», con Corrientes como la principal destinataria del mes. Este esquema de transferencias ocurre en un marco de intensas negociaciones legislativas, donde el oficialismo busca consolidar alianzas territoriales para avanzar con su agenda de reformas.