Las principales entidades financieras de la esfera pública pusieron en marcha un paquete de medidas de asistencia técnica orientadas a contener el incremento de la morosidad en el segmento de préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito. De acuerdo con los indicadores estadísticos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad en la cartera de individuos registró una aceleración que se tradujo en una tasa del 12,1%, motivando a las conducciones de los bancos Nación, Provincia y Ciudad a diseñar programas específicos de salvataje financiero que contemplan plazos de amortización extraordinarios de hasta 10 años.

Las iniciativas apuntan a proveer un mecanismo de regularización para los usuarios de servicios financieros que registran atrasos en sus compromisos corrientes y se encuentran en riesgo de ver afectado su historial en las bases de datos crediticias. Los planes presentan estructuras variables y matrices de tasas de interés diferenciales que se definen sobre la base del perfil sociolaboral del tomador y el grado de vinculación institucional que mantenga con el ente otorgante, priorizando la retención de las cuentas sueldo del sector activo y pasivo.

Las características de la nueva línea indexada del Banco Nación, las condiciones de cancelación en la banca bonaerense y los requisitos del plan de desendeudamiento porteño se describen a continuación.

El diseño del Banco Nación con plazos a 10 años y tasas diferenciales bajo modalidad UVA

La propuesta de regularización del Banco Nación (BNA) comenzó a regir de manera operativa este lunes 29 de junio, habilitando las tramitaciones presenciales en la red de sucursales de todo el territorio nacional. La herramienta se estructura bajo la modalidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) con actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y abarca a los deudores clasificados en situación irregular (categorías 3, 4 o 5 según la nomenclatura del BCRA).

Las especificaciones técnicas y financieras de esta línea de financiamiento contemplan los siguientes parámetros:

• Un plazo máximo de devolución de hasta 120 meses (10 años) con un sistema de amortización mensual calculado mediante el método francés.
• Una tasa de interés nominal anual (TNA) fija del 12% para aquellos trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados que perciban de forma efectiva sus haberes mensuales a través de cuentas del BNA.
• Una tasa nominal anual (TNA) fija del 14% aplicable al universo de trabajadores autónomos, monotributistas y usuarios particulares que no tengan radicados sus ingresos de nómina salarial en la entidad pública.
• La posibilidad de contratar una prima adicional para activar una cláusula de resguardo basada en el Índice de Variación Salarial (CVS), la cual opera fijando un tope a la cuota mensual en caso de que la actualización por UVA supere el índice de evolución de los salarios.

Esquemas de mora temprana en el Banco Provincia y asistencia patrimonial en el Ciudad

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia mantiene operativos sus canales de atención para deudores en fase de mora temprana (atrasos que no superan la ventana de los 90 días). El esquema bonaerense faculta a los clientes a reestructurar sus saldos pendientes en un horizonte temporal de hasta 72 meses, fijando una tasa nominal anual base del 72,50% para el público general, con bonificaciones especiales de tasa para aquellos agentes estatales y privados que acrediten sus salarios dentro de la misma plataforma bancaria.

Por su parte, el Banco Ciudad avanza en la instrumentación de un programa de desendeudamiento individual enfocado de forma exclusiva en el universo de personas físicas que posean atrasos en tarjetas de crédito y créditos de consumo dentro de la jurisdicción metropolitana. Esta iniciativa, promovida mediante un marco normativo dictado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, restringe el acceso al beneficio a los ciudadanos que acrediten residencia efectiva en el distrito capitalino y validen un análisis de vulnerabilidad patrimonial y de ingresos máximos ante las asistentes sociales del instituto previsional.