La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña fijó para el próximo 10 de agosto una audiencia que resultará determinante para el rumbo de la causa penal que investiga la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA, un activo que cobró trascendencia pública tras haber sido promocionado por el presidente Javier Milei. Durante la jornada, los magistrados de alzada escucharán los fundamentos de los denunciantes que apelan la resolución de primera instancia que los excluyó del expediente, despojándolos del rol de particulares damnificados que les permitía proponer medidas de prueba e impulsar activamente el proceso.

La controversia se originó luego de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictara el apartamiento de las víctimas a comienzos de julio, bajo el argumento de que los denunciantes no acreditaron debidamente su condición de perjudicados directos en términos legales. Las defensas de los afectados, representadas en parte por el abogado Nicolás Ozsust en patrocinio de Martín Romeo y por el equipo legal de Juan Grabois y Camila Palacin Roitbarg, recurrieron la medida sosteniendo que el magistrado de grado incurrió en un prejuzgamiento y asimiló erróneamente la maniobra a una oscilación especulativa propia del mercado de criptoactivos.

La hipótesis de los apelantes apunta a que el desplome de la cotización de $LIBRA no obedeció a la volatilidad financiera habitual de las denominadas «memecoins», sino a una maniobra delictiva de vaciamiento planificado conocida en la jerga informática como «rug pull». De acuerdo con las presentaciones judiciales, se habrían registrado compras automatizadas de grandes volúmenes de activos apenas segundos antes de que el mandatario publicara un mensaje alusivo en su cuenta oficial de la red social X, seguidas del retiro coordinado de aproximadamente 44,5 millones de dólares presuntamente mediante el uso de información privilegiada.

En caso de que el tribunal de apelaciones convalide el fallo de Martínez De Giorgi, el destino de la investigación quedará supeditado de manera exclusiva al criterio del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, cuyo desempeño ya venía cosechando críticas de las querellas por la supuesta lentitud en el avance del trámite procesal. La decisión de los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se adoptará en momentos en que el Senado de la Nación analiza los pliegos de designación remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos definitivos en la estructura del tribunal de apelaciones de Comodoro Py.