La Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Daniel Escobar Correa, tomó intervención formal ante la suspensión de la obra de la Planta de Tratamiento y Red Cloacal de la ciudad de Añatuya. El organismo advirtió que la paralización representa una problemática de extrema gravedad institucional y social, afectando derechos fundamentales como el acceso al saneamiento, la salud pública y el empleo.
La obra, estratégica para el desarrollo del sudeste provincial, se encuentra frenada debido a incumplimientos financieros por parte del Gobierno Nacional en el marco de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Deuda millonaria y parálisis operativa
El proyecto, que comenzó en junio de 2022, alcanzó un avance del 40%, pero hoy se encuentra detenido por la falta de recursos de la UTE encargada (Esuco-Supercemento). Según los datos del organismo:
- Mora en los pagos: Se registran certificados impagos desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026.
- Monto adeudado: La deuda rondaría los 1.000 millones de pesos. El último pago recibido data de noviembre de 2025 y fue abonado con importantes retrasos.
- Infraestructura en riesgo: El proyecto contempla 147 kilómetros de red, estaciones de bombeo y la planta de tratamiento, elementos que podrían deteriorarse si el abandono se prolonga.
Impacto sanitario y social en la región
La Defensoría alertó que Añatuya sufre históricamente por la proximidad de las napas freáticas a la superficie, lo que convierte a la red cloacal en una necesidad sanitaria urgente. La falta de saneamiento incrementa exponencialmente el riesgo de contaminación ambiental y la propagación de enfermedades.
En términos laborales, la suspensión de los trabajos ya afecta a más de 100 operarios nucleados en la UOCRA, quienes se encuentran en una situación de incertidumbre tras el cese de actividades en los frentes de obra.
Medidas y pedidos de informe
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo anunció el envío de pedidos de informes formales tanto a las autoridades nacionales responsables como al BID. El objetivo es esclarecer si los fondos fueron transferidos por el organismo internacional y cuál ha sido el destino de esos recursos, con el fin de gestionar la reactivación inmediata de los trabajos.
Mientras se aguardan las respuestas oficiales, la comunidad de Añatuya mantiene la preocupación por el futuro de una infraestructura que resulta indispensable para mejorar la calidad de vida y el saneamiento urbano de la ciudad.