La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, incorporó un nuevo elemento de sospecha que se encuentra bajo estricto análisis pericial. El cuerpo de investigadores de la causa comenzó la revisión de aproximadamente 11 000 conversaciones y registros informáticos extraídos del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista a cargo de las reformas edilicias en la propiedad que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Entre el material incautado, se detectó un archivo de audio donde la socia comercial del constructor afirma que Adorni se comunicó con ella para solicitarle que borrara de forma inmediata los registros de las conversaciones previas.
La hipótesis que manejan los fiscales del caso apunta a una presunta maniobra de entorpecimiento probatorio, debido a que el cruce de llamadas y la fecha estimada de la comunicación sugieren que el requerimiento del funcionario se produjo una vez que el expediente judicial ya se encontraba formalmente abierto en los tribunales federales. Según las transcripciones que forman parte de la causa, la justificación esgrimida por el ministro coordinador ante sus interlocutores para exigir la supresión de las transferencias de datos se fundaba en estrictas razones de resguardo de la privacidad familiar.
Las sospechas por los supuestos pagos en efectivo con moneda extranjera, los peritajes financieros encargados a los organismos técnicos de control y los requerimientos fiscales adicionales se describen a continuación.
Sospechas por presuntos desembolsos en moneda extranjera y pagos fuera del circuito formal
El análisis del dispositivo telefónico del contratista no solo aportó indicios sobre las comunicaciones bilaterales, sino que también sacó a la luz una serie de notas de voz en las que el propio Tabar detalla la metodología de cobro empleada durante la ejecución de las obras en la vivienda del country. En dichos archivos, el constructor hace referencia al flujo de fondos destinados a las refacciones, mencionando la recepción de sucesivos desembolsos en efectivo que no habrían ingresado al circuito bancario formal.
Los elementos que audita la Justicia respecto a la operatoria de las obras civiles incluyen las siguientes variables:
- Montos bajo sospecha: Se investigan entregas de dinero en cuotas consecutivas que oscilaban entre los 20 000 y los 30 000 dólares por cada certificación de avance de obra.
- Falta de respaldo documental: Los investigadores buscan determinar si estos pagos en moneda extranjera cuentan con las respectivas facturas de servicios o si formaron parte de una contabilidad paralela del constructor.
- Origen de las divisas: La fiscalía intenta determinar la trazabilidad de los billetes utilizados en la transacción para verificar si se corresponden con los ahorros declarados legalmente por el funcionario público.
Auditorías de la DAFI por las inversiones en criptomonedas y la fiscalización aduanera de ARCA
Para otorgar rigor técnico a las imputaciones, la Justicia aguarda la entrega de un informe pericial integral encomendado a los equipos técnicos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). El objetivo de este dictamen es trazar la evolución patrimonial detallada de Adorni durante su paso por la función pública, poniendo especial atención en la justificación de fondos para una inversión en Bitcoin por una cifra estimada en 200 000 dólares, la cual figura asentada en sus declaraciones juradas anuales pero presenta inconsistencias en cuanto a los nodos de compra y las billeteras virtuales utilizadas.
De manera paralela, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo que absorbió las funciones fiscalizadoras de la anterior estructura impositiva— intervino de oficio solicitando un requerimiento informativo exhaustivo sobre la situación fiscal de Matías Tabar. La agencia estatal intimó al contratista a presentar la documentación respaldatoria de su actividad comercial de los últimos períodos, incluyendo sus niveles de facturación, compras de insumos a granel, declaraciones de bienes y el origen de los recursos financieros utilizados para sostener sus operaciones recientes, buscando detectar posibles maniobras de evasión o lavado de activos en el marco de la obra civil investigada.