El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumará este jueves un capítulo determinante con el inicio formal de una intervención administrativa dispuesta por el Ministerio de Justicia. A partir de las 13 horas, veedores oficiales se presentarán en las sedes de la AFA y la Superliga para auditar balances y registros contables bajo sospecha.

La medida, que tendrá una duración inicial de 180 días, surge tras una denuncia de la Inspección General de Justicia (IGJ) por presuntas inconsistencias financieras que alcanzarían cifras multimillonarias.

Los ejes de la investigación

La lupa de los veedores estará puesta sobre el manejo institucional de la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia, con especial foco en los siguientes puntos:

• Inconsistencias en balances: Se investiga la falta de justificación de unos 450 millones de dólares acumulados en los estados contables de los últimos ocho años.
• Documentación faltante: El Gobierno señaló la ausencia de informes complementarios obligatorios correspondientes al cierre del ejercicio de mediados de 2025.
• Vínculos comerciales sospechosos: Se analizarán acuerdos con firmas como TourProdEnter y SurFinanzas, empresas que se encuentran bajo investigación por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.
• La «Universidad de la AFA»: La IGJ cuestionó la creación de una entidad educativa vinculada al organismo que no contaría con registro oficial.

Maniobras de evasión de control

Uno de los puntos más polémicos que motivaron la intervención fue el intento de la AFA de mudar su sede administrativa a la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, esta acción buscaba evitar la jurisdicción y los controles directos de la IGJ.

Sin embargo, la justicia rechazó el traslado tras comprobar que en el predio bonaerense no existía actividad institucional real, confirmando que la sede operativa sigue funcionando en el histórico edificio de la calle Viamonte 1366, en la Capital Federal.

El futuro de la intervención

El objetivo de los auditores es recolectar registros administrativos y acuerdos comerciales para elaborar un informe técnico detallado. Dependiendo del resultado de esta auditoría, el Gobierno no descarta profundizar las medidas legales o administrativas sobre la cúpula de la AFA, en un escenario de tensión que se da en plena cuenta regresiva para el Mundial 2026.