En un fallo de alto impacto político y económico, la jueza federal Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendidos 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión permite que gran parte de la reforma promovida por el Gobierno nacional vuelva a tener plena vigencia de manera inmediata.
La resolución se fundamenta en que el fuero laboral, que había dictado la suspensión originalmente, carecía de competencia para intervenir en la causa, devolviendo la presunción de legitimidad a la normativa sancionada por el Congreso.
Puntos centrales que vuelven a aplicarse
Con el levantamiento de la cautelar, recuperan vigencia normativas vinculadas a los pilares del sistema de empleo en Argentina:
- Contrataciones y despidos: Cambios en los contratos de trabajo, nuevas modalidades de contratación y modificaciones en el régimen de indemnizaciones.
- Derechos colectivos: Regulaciones sobre el derecho de huelga, la negociación colectiva y el alcance de la actividad sindical.
- Condiciones diarias: Ajustes en la jornada laboral y el régimen de vacaciones.
Fundamentos del fallo judicial
La magistrada Marra Giménez expuso criterios técnicos para justificar la reactivación de los artículos:
- Exceso de la cautelar: Sostuvo que suspender 81 artículos mediante una medida provisoria excede el alcance de este mecanismo judicial, ya que un análisis de tal magnitud requiere un debate sobre el fondo de la cuestión.
- Legitimidad legislativa: Recordó que las leyes nacionales se presumen legítimas y que paralizarlas de forma masiva podría considerarse un uso abusivo del sistema de cautelares.
- Ausencia de «peligro en la demora»: La jueza consideró que no hay un riesgo inminente que justifique mantener la suspensión mientras el expediente principal sigue su curso bajo un proceso sumarísimo.
La postura de la CGT y el escenario futuro
La demanda había sido encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyos representantes legales cuestionaron la reforma por entender que vulnera derechos adquiridos y garantías sindicales básicas.
Pese a este revés para la central obrera, la jueza aclaró que su decisión no define la constitucionalidad de la ley. Ese debate, junto con la validez de la representación de la CGT en esta demanda colectiva, será resuelto en las próximas etapas del juicio. Por el momento, el Gobierno nacional logra destrabar uno de los ejes centrales de su agenda legislativa en los tribunales.