El avance de las investigaciones patrimoniales delegadas en la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita arrojó constancias documentales sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de consumos personales del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. De acuerdo con las actuaciones judiciales y los registros de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, el funcionario habría adquirido equipamiento tecnológico de alta gama diseñado para videojuegos (denominado técnicamente hardware gamer) utilizando como medio de pago tarjetas de crédito corporativas o personales pertenecientes a directivos transitorios que se desempeñaban bajo sus órdenes directas en la estructura de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno.

Las operaciones comerciales, ejecutadas durante el período correspondiente al mes de agosto del año anterior, totalizaron una erogación de 5.848.589 pesos en la cuenta personal del titular de ministros, una cifra que superaba holgadamente la dieta neta mensual percibida por el funcionario en ese ejercicio. A este escenario se sumaron los hallazgos periciales practicados sobre los dispositivos de telefonía móvil de contratistas de la obra civil privada de Adorni, donde se detectaron facturas en efectivo emitidas a nombre de segundas líneas de la administración por la compra de insumos de hotelería y sommiers destinados a su residencia de fin de semana.

Los detalles de la titularidad de los plásticos empleados para la adquisición informática, los componentes tecnológicos secuestrados y las derivaciones de la remodelación en el country Indio Cua se describen a continuación.

Triangulación de tarjetas de crédito del personal de la Subsecretaría de Vocería

Los cruces de información digital suministrados por las operadoras de tarjetas y la firma de comercio electrónico constataron que las transacciones se gestionaron desde el perfil del jefe de Gabinete, aunque el soporte financiero corrió por cuenta de dependientes jerárquicos. El cronograma de compras bajo la lupa judicial expone los siguientes movimientos de capital:

• Un monitor de prestaciones avanzadas marca Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, con resolución 4K y tasa de refresco de 240Hz compatible con aplicaciones de consolas, adquirido el 19 de agosto por un monto de $2.184.999,05. La operación fue procesada con una tarjeta cuya titular es Laura Daniela Schiuma, quien ejercía como directora general de Actividades Presidenciales tras ser promovida dentro del esquema de la vocería.
• Dos proyectores de alta definición marca Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con sistema operativo Android TV integrado, facturados el 13 de agosto a un costo unitario de 1.831.795 pesos. El financiamiento de ambas unidades se estructuró a través de dos plásticos diferenciados pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública.

Ambos funcionarios prestaban servicios bajo la modalidad de designaciones transitorias de la planta política, sin estabilidad laboral permanente en los cuadros de la administración pública nacional.

Hallazgo de facturación en efectivo y peritajes por presunto direccionamiento testimonial

De forma paralela a las transacciones electrónicas, la fiscalía incorporó documentación vinculada al reacondicionamiento edilicio de la vivienda de fin de semana que el núcleo familiar de Adorni adquirió hacia finales de 2024 en el barrio privado Indio Cua. El análisis forense realizado sobre el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista principal encargado de llevar adelante las reformas de la propiedad, permitió recuperar el comprobante de una compra en efectivo por la suma de $8.183.383 pesos en concepto de ropa blanca y colchones, emitida a nombre de otra funcionaria del sector, Gisela Kocsis, con fecha del 2 de junio.

La situación procesal del jefe de Gabinete se complejizó a partir de las declaraciones testimoniales brindadas por el propio desarrollador de la obra en sede judicial y el contenido de los mensajes de texto recuperados en las pericias de conectividad. Los elementos de prueba recolectados por los investigadores del caso detallan las siguientes líneas de imputación:

• La existencia de comunicaciones directas emanadas desde el entorno de la Jefatura de Gabinete orientadas a coordinar o inducir los términos de las declaraciones que el contratista debía presentar ante los tribunales federales, una estrategia de defensa que no fue aceptada por el proveedor.
• La rendición de cuentas aportada por los directores de obra, la cual certifica que los gastos logísticos y de materiales para la remodelación integral del inmueble de Indio Cua demandaron el desembolso de 245.929 dólares, abonados en su totalidad mediante papel moneda de curso legal extranjero en efectivo.