La situación judicial de Manuel Adorni podría complicarse en las próximas semanas debido a que el juez federal Ariel Lijo analiza convocar al jefe de Gabinete a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. La causa, en la que también interviene el fiscal Gerardo Pollicita, investiga los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, dádivas e irregularidades en contratos de la TV Pública.

El expediente se enfoca principalmente en el vínculo entre el funcionario y el productor televisivo Marcelo Grandio, dueño de la productora Imhouse, firma que mantiene convenios con los medios del Estado.

Puntos sospechosos y medidas de prueba

La Justicia avanza sobre distintas líneas de investigación que involucran movimientos patrimoniales, viajes y contratación de servicios:

• Financiamiento de vuelo privado: Se investiga un viaje familiar de Adorni a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo privado fue reservado y pagado por Grandio a través de la empresa Alpha Centauri. La documentación del expediente detalla que el tramo de ida se facturó a Imhouse y el regreso se cargó al productor por unos 3000 dólares, lo que contradice la versión del funcionario, quien afirmó haberlo costeado con fondos propios.
• Cruces de llamados y contratos: El juzgado dispuso realizar análisis de geolocalización y cruces telefónicos entre Adorni, Grandio y Horacio Silva (socio fundador de Imhouse). Se busca determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la rúbrica de contratos en medios estatales para contenidos de streaming, radio y televisión, tales como “La Caja de Pandora”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”.
• Patrimonio y reformas bajo la lupa: La investigación observa la compra y remodelación de una propiedad en el country Indio Cuá, situado en Exaltación de la Cruz. Los fondos se encuentran bajo sospecha ya que la vivienda se habría adquirido por 120 mil dólares, sumando luego cerca de 245 mil dólares en reformas y amoblamiento, con el agravante de que parte de las obras se habrían ejecutado sin facturación formal.
• Presunto peculado: El expediente también evalúa la supuesta asignación de efectivos de Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al barrio privado donde vive Adorni. De comprobarse que existió una utilización indebida de estos recursos públicos, el hecho podría encuadrarse bajo el delito de peculado.