Organizaciones sindicales, asociaciones de profesionales médicos y trabajadores del sistema sanitario de todo el país convocaron para este miércoles a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública. La movilización tiene como propósito manifestar un rechazo orgánico a las políticas de ajuste implementadas por la administración del presidente Javier Milei y denunciar el deterioro de la infraestructura hospitalaria, la discontinuidad de programas nacionales y la falta de prestaciones esenciales.
La concentración principal se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo como punto de partida las inmediaciones del Ministerio de Salud de la Nación para confluir, a partir de las 13:00 horas, en una columna humana hacia la Plaza de Mayo. La convocatoria cuenta con la adhesión y participación de gremios específicos del sector, la CTA Autónoma, movimientos sociales, agrupaciones de médicos residentes, federaciones estudiantiles y colectivos vinculados al asociacionismo sanitario estatal.
Bajo la consigna aglutinadora “La salud no puede esperar”, las entidades organizadoras expusieron que el modelo asistencial público atraviesa un escenario crítico derivado del recorte de partidas presupuestarias directas y el desabastecimiento de insumos y medicamentos de alta complejidad. Los reclamos centrales se focalizan en la contracción de los fondos destinados al financiamiento de los hospitales públicos de administración nacional, las barreras administrativas para el acceso a tratamientos especiales y el impacto de la desregulación sectorial sobre la cobertura médica de la clase pasiva y los pacientes con patologías de carácter crónico.
Desde el Foro por el Derecho a la Salud alertaron que la red de atención estatal ingresa al período invernal en condiciones de saturación operativa y con un plantel profesional precarizado tras meses de tensiones financieras. El médico sanitarista Leonel Tesler sintetizó la gravedad del diagnóstico sectorial al afirmar que el sistema público se enfrenta en la actualidad a «una crisis sin pandemia», trazando un paralelo metodológico con el impacto político y civil que evidenciaron las recientes movilizaciones estudiantiles en el plano de la educación universitaria. Los convocantes remarcaron, además, la existencia de una migración forzada de usuarios de obras sociales y empresas de medicina prepaga hacia las guardias de los efectores estatales, motivada por la imposibilidad de afrontar las cuotas de las coberturas privadas.
Replicas en el interior y pronunciamiento de la provincia de Buenos Aires
La jornada de protesta nacional contempla la ejecución de marchas réplicas, asambleas y actividades de visibilización en las principales capitales de provincia del territorio argentino. En diversos distritos del interior, representaciones sindicales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) anunciaron de manera complementaria la implementación de paros generales de actividades y restricciones en la atención programada dentro de los nosocomios públicos.
La antesala de la movilización federal estuvo marcada por un fuerte pronunciamiento político del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ofreció una conferencia de prensa junto a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak. El mandatario provincial calificó de «criminal» la interrupción en el flujo de fondos federales y ratificó que las estructuras de su administración se movilizarán de forma presencial hacia la Capital Federal para integrarse a la marcha.
Por su parte, Kreplak aportó datos estadísticos respecto al nivel de vulnerabilidad del sistema de salud en el cordón del Conurbano bonaerense, revelando que diversas unidades asistenciales ya reportan índices de ocupación en las salas de terapia intensiva que oscilan entre el 80% y el 90%. El funcionario atribuyó esta presión de demanda al encarecimiento de los insumos médicos básicos de origen importado, la pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones de los profesionales del sector y el colapso de la cadena de pagos en las obras sociales sindicales, concluyendo que la red sanitaria general se encuentra operando al límite de sus capacidades operativas y logísticas.