La investigación penal por la presunta estafa de magnitudes multimillonarias que tiene como principal imputada a la contadora Nora Isabel Villarroya experimentó un giro procesal determinante que redefine la situación de la imputada. Mientras los organismos de seguridad provincial continúan con los procedimientos de localización para efectivizar la orden de captura sobre la profesional —luego de que las autoridades jurisdiccionales rechazaran de forma definitiva su solicitud de eximición de prisión—, el legajo judicial incorporó tres nuevas presentaciones formales radicadas ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía.

Los recientes denunciantes pertenecen al sector de la producción agropecuaria, y sus testimonios no solo incrementaron el monto del perjuicio patrimonial global —el cual ya supera los 5.000 millones de pesos—, sino que neutralizaron la línea argumental que estructuraba la defensa técnica de la acusada. Hasta la incorporación de estos elementos, la estrategia corporativa intentaba encuadrar el desfalco financiero dentro de la órbita de un litigio comercial de naturaleza netamente civil, atribuyendo las irregularidades a una disputa por rendiciones de cuentas y pasivos internos entre los integrantes de la firma DEJDE SRL, radicada en la localidad de Clodomira.

Un modus operandi idéntico que descarta la hipótesis del conflicto comercial

Las presentaciones de los agricultores expusieron la repetición de un mecanismo de captación y engaño que robustece la hipótesis de la fiscalía:

Los tres productores agropecuarios damnificados describieron de manera coincidente haber otorgado poderes legales a la contadora para gestiones específicas, instrumentos notariales que posteriormente habrían sido utilizados por Villarroya sin autorización ni conocimiento de los mandantes para tramitar y consolidar líneas de créditos bancarios de carácter millonario a nombre de las víctimas. Este patrón delictivo echa por tierra la versión defensiva de un mero encono societario o un desbalance administrativo interno de una firma particular, exponiendo en su lugar una matriz delictiva serial orientada a la afectación patrimonial sistemática de actores del sector agrario.

La acumulación de causas y la similitud del procedimiento operativo aportan elementos de convicción decisivos al equipo del Ministerio Público Fiscal, coordinado por la Dra. Celia Mussi. Con la ratificación de estos testimonios, la fiscalía avanza en la tipificación penal de estafas reiteradas, debilitando el valor legal de los mandatos invocados por la sospechosa y transformando lo que la defensa pretendía tipificar como un desacuerdo entre socios en una causa por fraude organizado a gran escala en el territorio provincial.