La venta del 50% de las acciones de Citelec —sociedad controlante del 52,65% de la transportadora eléctrica Transener— generó controversia en torno a la cesión de dividendos acumulados durante la gestión estatal. El Ministerio de Economía adjudicó por US$356,17 millones el paquete accionario perteneciente a la empresa pública ENARSA a las firmas Edison Inversiones y Genneia. Poco después de la transferencia, la compañía aprobó la distribución de $253.536 millones provenientes de reservas acumuladas en períodos previos a la privatización.

La disposición de los fondos permitió a los nuevos adquirentes percibir una suma equivalente a unos US$44 millones en total —aproximadamente US$22,3 millones para cada grupo empresarial—, cifra que representa cerca del 12,5% de la inversión realizada para la compra. La transacción desató cuestionamientos sobre la decisión del Poder Ejecutivo de no haber liquidado o retirado las reservas en favor del Fisco antes de cerrar la venta del activo clave del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mientras que el sector privado defendió la operación amparándose en el estado patrimonial verificado al momento del traspaso societario.