Uruguay registró un hito histórico en materia de salud pública y derechos civiles al concretarse el primer procedimiento de eutanasia legal en el país. Una mujer de 69 años se convirtió en la primera persona en hacer uso de la normativa vigente, luego de transitar una extensa y compleja situación de salud derivada de una patología de carácter terminal.

El procedimiento médico programado se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Policial de Montevideo, nosocomio donde la paciente permanecía internada desde hacía diez días. La confirmación del caso fue ratificada por la organización civil Empatía Uruguay, precisando que la identidad de la ciudadana se mantendrá bajo estricta reserva y confidencialidad por solicitud expresa de sus familiares y de acuerdo con los protocolos de la nueva reglamentación.

Diagnostico clinico y determinacion de la paciente

La paciente, madre de seis hijos —dos de ellos bajo la condición de adoptados—, estuvo acompañada de forma permanente por su hijo mayor a lo largo de las diferentes instancias médicas y administrativas. El cuadro clínico que motivó la solicitud de muerte asistida se originó a partir de un diagnóstico de cáncer de páncreas de evolución agresiva, el cual desarrolló procesos de metástasis con afectación en los sistemas pulmonar, renal y hepático.

Ante la irreversibilidad de su estado de salud, la mujer adoptó las siguientes determinaciones en el tramo final de su atención médica:

• Suspensión de terapéuticas: Decidió discontinuar de forma definitiva los tratamientos de carácter invasivo.
• Adecuación del esfuerzo terapéutico: Optó por ingresar al esquema exclusivo de cuidados paliativos para mitigar los dolores sintomáticos.
• Firmeza en la solicitud: Su resolución de acceder al procedimiento asistido se mantuvo inalterable desde enero del corriente año, culminando el proceso administrativo con la firma del consentimiento legal ratificado el pasado miércoles.

Uruguay se consolida como el tercer pais de la region en regular la practica

Este acontecimiento marca la aplicación efectiva de la Ley de Muerte Digna, cuya sanción legislativa se produjo en el Congreso uruguayo el 15 de octubre de 2025. Mediante este marco normativo, el Estado oriental se constituyó en el tercer territorio de América Latina en legalizar y regular formalmente la eutanasia, situándose por detrás de las experiencias legislativas previas de Colombia y Ecuador.

La operatividad plena de la ley se alcanzó luego de que el presidente Yamandú Orsi suscribiera el correspondiente decreto reglamentario. El espíritu de la legislación de fondo tiene como propósito central resguardar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, estableciendo como requisitos mandatorios para la despenalización de la práctica que los solicitantes sean ciudadanos mayores de edad, que demuestren plena aptitud psíquica, que padezcan enfermedades incurables y que experimenten sufrimientos de orden físico o psicológico catalogados como insoportables.