Un concejal de la localidad bonaerense de San Isidro fue condenado por la Justicia a indemnizar con 12 millones de pesos a una excompañera de trabajo que lo denunció por un hecho de abuso sexual. El episodio investigado se produjo en el ámbito de la Dirección de Tránsito de dicho municipio y quedó registrado por los dispositivos de las cámaras de seguridad del edificio público, lo que aportó elementos de prueba clave para la resolución del conflicto.

El funcionario condenado fue identificado como Alberto Montes, quien al momento de registrarse el hecho cumplía funciones operativas como inspector de tránsito en la comuna y recientemente había asumido su banca legislativa tras ser electo concejal en representación del partido La Libertad Avanza. El incidente denunciado tuvo lugar en noviembre de 2023 y cobró trascendencia pública a partir de la difusión de los registros fílmicos de vigilancia interna, en los cuales se visualiza al actual legislador efectuando una palmada en los glúteos a una empleada de la planta municipal.

Como consecuencia directa de la presentación judicial efectuada por la damnificada, las autoridades judiciales determinaron la imposición de la millonaria reparación económica en concepto de daños. En paralelo al cierre de esta instancia en el fuero civil, Montes continúa formalmente imputado y afronta un proceso penal en curso por la presunta comisión del mismo delito. La filtración del material audiovisual provocó un fuerte impacto en el escenario político y social de la provincia de Buenos Aires, reinstalando el debate comunitario respecto a los protocolos de prevención y las denuncias de violencia de género y acoso en los entornos laborales del sector público.