En una resolución de alto impacto político y social, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó su fallo contra la administración de Javier Milei y le otorgó un plazo perentorio de cinco días hábiles para informar los avances en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Justicia fue tajante: la norma debe estar en plena ejecución el próximo 4 de febrero, independientemente de las apelaciones que presente la Casa Rosada.
El magistrado ya había invalidado previamente el decreto presidencial que reglamentaba la ley «en los papeles» pero le negaba las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento real.
El conflicto por el financiamiento y el déficit cero
El argumento central del Poder Ejecutivo para frenar la ley es la preservación del déficit cero. Sin embargo, los datos técnicos desmienten que la inversión en discapacidad ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica:
- Impacto fiscal: Según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de la ley representaría entre un 0,22% y un 0,42% del PBI.
- Nuevos beneficiarios: Se estima que el refuerzo fiscal permitiría otorgar entre 493.000 y 946.000 nuevas pensiones, cubriendo una demanda social históricamente postergada.
- Recursos en juego: El refuerzo necesario oscilaría entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, incluyendo compensaciones de emergencia a prestadores y fondos para talleres de producción.
Contradicciones en el Presupuesto 2026
La decisión judicial se conoce tras el revés del Gobierno en el Congreso, donde los legisladores rechazaron el artículo del Presupuesto que intentaba derogar tanto esta ley como la de Financiamiento Universitario.
Analistas señalan que el gasto que el Gobierno intenta evitar en discapacidad es significativamente menor a lo que el Estado dejará de recaudar este año por otras políticas fiscales, tales como:
- La baja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas.
- La reducción de Bienes Personales.
- La eliminación del Impuesto PAIS.
- Los beneficios fiscales otorgados a través de nuevos blanqueos de capitales.
Advertencia de multas a funcionarios
El juez Charvay recordó que la falta de cumplimiento a partir del 4 de febrero activará sanciones económicas directas (multas) sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La sentencia exige que se acredite el inicio de los trámites administrativos para el desembolso de fondos y la atención de las prestaciones básicas obligatorias que el colectivo de personas con discapacidad reclama con urgencia.