La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó elementos de prueba tras completarse la extracción y descarga total de los datos almacenados en el teléfono celular del contratista Matías Tabar. En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en la confección de un requerimiento formal de justificación patrimonial, motivado por la detección de múltiples inconsistencias y presuntas operaciones informales en los movimientos económicos del funcionario.

Los focos principales de la investigación judicial y el estado de la situación patrimonial del jefe de ministros se desglosan en las siguientes áreas:

Análisis del dispositivo tecnológico y flujos de efectivo

La descarga del material del teléfono de Tabar aportó al expediente un registro de conversaciones, facturas y comprobantes de compras vinculados a las reformas edilicias bajo sospecha. Los investigadores judiciales centran su atención en una serie de erogaciones que habrían sido canceladas mediante dinero en efectivo y que carecen de la trazabilidad financiera correspondiente. Entre los desembolsos analizados figuran un viaje familiar a Aruba, los honorarios abonados a la escribana Adriana Mónica Nechevenko y las cuotas destinadas a mujeres pertenecientes a la fuerza policial que intervinieron en una operación de carácter hipotecario sobre un departamento ubicado en la calle Asamblea.

El requerimiento fiscal y los plazos de la Oficina Anticorrupción

El requerimiento de justificación patrimonial constituye el paso procesal previo a una eventual imputación y llamado a declaración indagatoria. Fuentes de los tribunales federales señalaron que la fiscalía formalizará la solicitud una vez que reciba el informe técnico final de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO/DAFI). Esta medida coincide con el anuncio de la Casa Rosada respecto a que Adorni presentará su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, un trámite postergado durante tres meses desde el inicio del escándalo. El documento deberá respaldar la capacidad económica del funcionario para afrontar deudas y consumos que superarían los 725.000 dólares, monto que abarca la adquisición y refacción de una casa en el barrio privado Indio Cuá, un departamento en Caballito, un vehículo de alta gama y traslados internacionales.

Situación en el juzgado federal y segundas líneas de investigación

El expediente principal se tramita ante el juzgado conducido por Ariel Lijo, quien evalúa los plazos procesales ante la posibilidad de convocar al jefe de Gabinete a indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. El magistrado coordina dos líneas de investigación paralelas sobre el entorno de Adorni: la primera enfocada estrictamente en la evolución de sus activos personales y la segunda orientada a examinar sus vínculos con Marcelo Grandio, un periodista allegado al funcionario que resultó adjudicatario de contratos estatales y que financió un traslado en un avión privado hacia la ciudad de Punta del Este utilizado por el titular de la Jefatura de Gabinete y su núcleo familiar.