La defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), formalizó una presentación ante el juzgado federal de Ariel Lijo con el objetivo de anular la pericia de los audios que lo vinculan con el presunto cobro de coimas en el organismo. La medida representa un sorpresivo cambio de estrategia, ya que el propio exfuncionario había exigido inicialmente ese peritaje informático, sosteniendo que las grabaciones habían sido confeccionadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Los principales fundamentos del planteo defensivo y las implicancias dentro del expediente judicial se detallan a continuación:

El argumento de la no autoincriminación

El abogado defensor, Pablo Parera, interpuso un escrito de nulidad luego de que el fiscal Franco Picardi, a cargo de la instrucción del caso, ordenara convocar a Spagnuolo para realizar un cuerpo de escritura vocal y cotejar su registro de voz con los archivos de audio bajo análisis. La defensa alegó que la medida configura un forzamiento de colaboración ilegal que vulnera las garantías consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, argumentando que no se puede compeler a un imputado a actuar como sujeto de prueba activa sin su expreso consentimiento. Asimismo, el letrado solicitó la exclusión definitiva de las grabaciones del proceso por considerarlas pruebas endebles.

Impacto y pericias en los tribunales federales

El peritaje técnico había sido encomendado por el juez Lijo a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional. En el ámbito de Comodoro Py, las fuentes judiciales calificaron el planteo de la defensa como una contradicción manifiesta, interpretando que el rechazo a entregar la muestra de voz debilita la hipótesis original de la Inteligencia Artificial y sugiere que la autoría de los registros corresponde efectivamente al imputado. La investigación penal busca determinar la veracidad de los audios, en los cuales se hace mención a presuntos retornos financieros del 3% vinculados al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, persisten las tensiones políticas debido a las versiones que indican que el exfuncionario requirió asistencia jurídica directa a la Casa Rosada bajo la advertencia de solicitar su incorporación al régimen de la figura del arrepentido en caso de no recibir el respaldo institucional solicitado.