El proceso judicial que busca determinar las responsabilidades penales por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 con un saldo de 44 tripulantes fallecidos, ingresó en su instancia resolutiva en la provincia de Santa Cruz. El Tribunal Oral Federal, con sede en Río Gallegos, reanudará las actividades este lunes para dar paso a los alegatos de las defensas técnicas de los cuatro exmiembros de la cúpula de la Armada Argentina imputados en la causa. Una vez concluida esta etapa y tras ofrecer el espacio para las últimas palabras de los acusados, el cuerpo de magistrados quedará habilitado para dictar el veredicto, cuya lectura estiman podría concretarse el próximo miércoles.

El debate oral y público se inició el pasado 3 de marzo y demandó 30 jornadas de audiencias, durante las cuales se recibieron testimonios de peritos navales, ingenieros, excomandantes de la fuerza y personal submarinista, además de evaluarse documentación técnica sobre las reparaciones de media vida y las condiciones de navegabilidad de la unidad. El objeto procesal se centra en determinar si existieron omisiones o negligencias en las cadenas de comando respecto al estado operativo del navío y la autorización de su última misión en el Atlántico Sur.

Requerimientos de pena fiscal por estrago culposo e incumplimiento de deberes

El Ministerio Público Fiscal fundamentó sus pedidos de condena bajo la figura de la posición de garante de la seguridad náutica:

• Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán requirieron una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento, Luis López Mazzeo, y para el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide.
• Para el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso, la fiscalía solicitó la imposición de una condena de cuatro años de prisión junto con la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
• Respecto al exjefe del Departamento de Operaciones, Hugo Correa, el requerimiento fiscal se fijó en una pena de tres años y seis meses de prisión. Los acusadores sostienen que las conductas omisivas incrementaron el riesgo de la navegación, independientemente de la imposibilidad de reconstruir el mecanismo físico exacto de la implosión.

Argumentos de las defensas técnicas y anulación de las querellas particulares

Los representantes legales de los exoficiales navales centran sus estrategias en la falta de certeza técnica sobre las causas del siniestro:

• El defensor del imputado Claudio Villamide, Juan Pablo Vigliero, formalizó un pedido de nulidad de la acusación fiscal y solicitó la absolución de su representado, argumentando que la instrucción no logró probar el nexo de causalidad directo entre las decisiones de comando y el colapso de la nave, al no conocerse científicamente el origen del estrago.
• Las representaciones jurídicas de López Mazzeo, Alonso y Correa ratificaron que basarán sus alegatos de clausura en la orfandad probatoria sobre las supuestas fallas de mantenimiento y el desenlace final en alta mar.
• El tribunal, constituido por los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, resolvió desestimar las solicitudes de condena que habían formulado las querellas unificadas y la representación del abogado Luis Tagliapietra, debido a vicios de forma al omitirse la presentación oportuna de los requerimientos de elevación a juicio en la etapa preparatoria. Tras el veredicto del miércoles, la lectura de los fundamentos integrales se diferirá por un plazo aproximado de treinta días hábiles.