La Comisión Europea ultima los detalles de una ambiciosa estrategia de electrificación que busca sustituir progresivamente los automóviles impulsados por motores de combustión interna y los sistemas de calefacción basados en calderas de gas. El proyecto oficial, que será presentado formalmente el próximo 17 de julio, prioriza la adopción masiva de vehículos eléctricos y la instalación de bombas de calor en los ámbitos residencial, industrial y edilicio público, apuntando a robustecer la seguridad energética del bloque continental.

El diseño de esta política pública responde de manera directa a la volatilidad de los mercados energéticos globales y al encarecimiento de los insumos. Fuentes comunitarias indicaron que la reciente escalada bélica entre Israel e Irán incrementó la factura de importación de hidrocarburos de la Unión Europea en aproximadamente 50.000 millones de euros desde el mes de febrero, acelerando la necesidad geopolítica y económica de reducir la vulnerabilidad externa, la cual se había visto previamente afectada por la invasión rusa a Ucrania.

Entre los principales lineamientos del borrador técnico se destaca la implementación de beneficios tributarios, tales como la reducción de las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado para la adquisición de rodados eléctricos, acumuladores domésticos de energía y dispositivos de climatización eficientes. El plan contempla además la eliminación paulatina de los subsidios estatales dirigidos a los combustibles fósiles y el establecimiento de normativas estrictas para que las dependencias gubernamentales adopten sistemas de electrificación limpia, considerando que la electricidad apenas representa el 23% del consumo energético final del bloque.

El despliegue de las bombas de calor —sistemas térmicos que extraen energía del aire, el agua o el suelo mediante alimentación eléctrica— constituye una pieza central del programa. Las proyecciones de las autoridades europeas estiman que la sustitución de los quemadores tradicionales de gas por esta tecnología podría recortar la demanda del fluido en al menos 21.000 millones de metros cúbicos para el año 2030, permitiendo proyectar que hacia 2040 se reemplace el 66% de la demanda de gas y se reduzca a la mitad el consumo de petróleo, lo que equivaldría a un ahorro de 200.000 millones de euros en compras al exterior.