Los diputados que integran el bloque del Frente Renovador y Progresista ingresaron a la Legislatura un proyecto de ley para que la provincia se adhiera a la ley nacional 26.364 del año 2008 y su modificatoria (Ley N° 26.842) del 2012 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y que tomará estado parlamentario este martes.

Estas leyes abordan uno de los flagelos de violación de derechos humanos más preocupante y urgente en la actualidad, y lo hacen tipificando el delito de trata de personas, fijando una escala penal para sus autores y partícipes.

A través de la trata de personas se violan los derechos humanos básicos de las víctimas. Entre ellos, a estar libres de explotación, a estar libres de un trato cruel e inhumano, a estar libres de la discriminación basada en el género y a estar libres de violencia. También se impide el pleno ejercicio del derecho a la salud, al acceso a la educación, en suma se ataca el pleno ejercicio de los derechos que hacen a la dignidad de todo ser humano.

Sobre el proyecto presentado por el bloque la diputada Verónica Larcher indicó: “Esta es una problemática que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, por lo que entendemos que nuestra provincia debe adherirse a la ley nacional a fin de unificar los criterios de lucha contra éste flagelo en los términos dispuestos en la legislación nacional, sin fisuras”.

“Que los objetivos, principios y estrategias para la prevención y erradicación de la trata de personas y la asistencia de las víctimas son políticas de Estado, y deben ser abordadas de manera uniforme en todas las jurisdicciones y nuestra provincia debe seguir los lineamientos establecidos y a establecerse en el futuro por el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo creados por la ley nacional 26.364”, agregó.

Por su parte, la diputada Mariana Morales agregó: “Desde el bloque buscamos que mancomunadamente la Nación, la Provincia y los Municipios, deben tener unicidad de normas, complementariedad en sus acciones, herramientas y decisiones para encarar la problemática de manera coordinada. Así como los mecanismos de denuncia y registros derivados de la ley nacional”.

“Entendemos que es prioritario adherir a la ley nacional en la materia porque estamos frente a un delito complejo y de muy difícil determinación. En infinidad de causas donde se tienen elementos probatorios contundentes; finalizan sin condena o bien no pudiendo probar la comisión del delito de trata, terminan siendo favorecidos sus autores, por figuras penales menos gravosas o aun peor sólo siendo reprochadas estas conductas como una falta”, indicó la legisladora.

“Por tanto la cercanía e inmediatez en estos casos es primordial, las legislaciones locales y sus autoridades pueden, con instrumentos y recursos propios, entablar un combate directo, y complementario al que se fija a nivel nacional.

Tratándose de delitos de naturaleza interjurisdiccional y trasnacional, la única manera de dar la batalla es coordinando acciones, uniformando las normativas, y unificando las estrategias y los esfuerzos.

Por ello, planteamos la necesidad de ésta adhesión en el convencimiento que debe abordarse la lucha contra delitos de trata y explotación de personas en su real dimensión, lo que requiere que sea una política de Estado, perdurable en el tiempo y con un alto grado de compromiso de todos los gobiernos, organismos no gubernamentales y la sociedad en su totalidad”, finalizó la presidenta del bloque Verónica Larcher.