La Corte Suprema de Justicia avaló que el presidente compita por un segundo mandato, algo que la Constitución salvadoreña prohíbe de forma expresa. Pero antes tendría que realizar un insólito paso de comedia.

   

Cuatro días antes de pronunciar su cuarto informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele se reunió con su gabinete de seguridad en la casa presidencial en San Salvador a discutir la posibilidad de que la pandilla MS13 lanzara una ofensiva de violencia callejera para opacar las celebraciones por el cuarto aniversario de la toma de posesión de Bukele como presidente este 1° de junio.

La reunión, realizada el domingo 28 de mayo al final de la tarde, fue el segundo acto de una coreografía política que había iniciado el día anterior, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) filtró un memo interno “reservado” en el que la inteligencia policial advertía de que el liderazgo de la MS13 había sostenido una reunión de la que salieron instrucciones “hacia los corredores (jefes locales) de programas y clicas a nivel nacional, siendo el objetivo principal cometer homicidios contra personas que se plantean como objetivos” y “una confrontación directa con las fuerzas de seguridad”.

Medios de comunicación e influencers salvadoreños se hicieron eco de la información y la publicaron en sus plataformas electrónicas. La Policía suspendió permisos y se puso en alerta.

Aquel memo también tenía información poco conveniente para el Presidente. Según la propaganda de Bukele, su gobierno ha hecho poco menos que desarticular a las pandillas y extinguirlas en el territorio, algo de lo que también se han hecho eco periodistas y analistas. El memo de mayo, sin embargo, habla de un liderazgo de la MS13 al que la PNC aún atribuye capacidad de generar masacres como la del 27 de marzo de 2022, cuando 87 personas fueron asesinadas por las pandillas en 72 horas luego de que se resquebrajó un pacto de gobernabilidad entre Bukele y esas organizaciones criminales.

En la PNC hay quienes dudan de los motivos con que se escribió ese memo. “No es cierto que las pandillas se hayan quedado sin capacidad operativa… y sí pueden seguir poniendo muertos en las calles, pero esto como que lo hicieron como parte de las fiestas patronales, para que la policía y el presidente salgan bien”, dijo a Infobae un oficial de alto rango en la PNC quien habló bajo condición de anonimato por seguridad. Al usar la referencia a las fiestas patronales, como se llama en El Salvador a las celebraciones religiosas que se llevan a cabo cada año en pueblos y ciudades, el oficial se refería a la conmemoración del cuarto aniversario de la presidencia Bukele.

Lo cierto es que, tras la publicación del memo, Bukele apareció reunido en casa presidencial con el director de la PNC, el fiscal general del país y los ministros de seguridad y defensa. En un tuit al que añadió fotos del encuentro, el presidente hizo referencia a lo que dice el memo del 27 de mayo: “Aunque estamos ganando… la #GuerraContraPandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de esas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación”, escribió.

La seguridad pública y la defensa del régimen de excepción que decretó el 22 de marzo del año pasado, tras la masacre ocurrida entonces, están llamadas a ocupar buena parte del discurso que Bukele dará ante la Asamblea Legislativa este 1 de junio a las 8pm. “El presidente sabe que le conviene hablar de eso porque no tiene mucho más de lo que hablar… No puede hablar de la economía porque no tiene nada que mostrar, ni de la deuda que agobia al país…”, dijo a Infobae un empresario salvadoreño que prefirió hablar sin identificarse por temor a represalias del gobierno.

En efecto, las medidas de seguridad, el régimen de excepción, la propaganda sobre la supuesta desarticulación de las pandillas, la construcción de una megacárcel, medidas draconianas en las prisiones y la falta de garantías de debido proceso para miles de personas arrestadas, así como historias de alivio en comunidades salvadoreñas que hasta hace poco vivían asediadas por la extorsión de la MS13 y el Barrio 18, han hecho de Bukele un presidente muy popular en su país y en otros lugares en América Latina, sobre todo entre políticos y organizaciones de ultraderecha.

Esta semana, una encuesta pagada por el gobierno salvadoreño ponía en 91.7% el nivel de popularidad de Bukele en El Salvador. Otras mediciones hechas por consorcios privados o fuerzas políticas de oposición muestran cifras de aceptación cercanas al 70%.

La sombra de los muertos en las cárceles
Cuando se pare en el podio de la Asamblea Legislativa, sobre la gestión del presidente, además de los aplausos de sus diputados, que son mayoría en el Congreso, planearán las sombras de las decenas de salvadoreños que han muerto bajo custodia del Estado desde el 22 de marzo pasado, cuando el presidente decretó el régimen de excepción que ya dura casi 15 meses.

Al hablar de seguridad pública, Bukele volverá, en su discurso, a la baja de homicidios que él y su gobierno atribuyen al régimen de excepción, y que según la propaganda oficial han procurado que El Salvador haya visto más de 365 días sin muertes violentas, todo un récord en un país que hasta hace un lustro estaba en la lista de los más letales del mundo. Es poco probable que el presidente se refiera a otros muertos, los que su aparato de seguridad no cuenta, entre ellos a los que fallecieron tras recibir golpizas, desangrarse o no tener atención médica en las cárceles del país.

El 12 de mayo pasado, Cristosal, la organización no gubernamental que ha seguido más de cerca los abusos cometidos por el gobierno Bukele en el marco del régimen de excepción, presentó un informe según el cual 153 personas, hombres jóvenes la gran mayoría, habían muerto en las cárceles del presidente. Esos 153 cadáveres no aparecen en listas oficiales del gobierno.

Tanto Naciones Unidas como el Departamento de Estado en Washington y varios medios escritos de referencia mundial, en inglés y español, han retomado el informe de Cristosal para cuestionar los logros que Bukele atribuye a sus medidas de seguridad y la humanidad de sus políticas públicas.

“La otra cara de la moneda de esta guerra sin escrúpulos es el profundo deterioro del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos. Gobierna a golpe de tuit, ha hecho de las políticas de Estado un reportorio de eslóganes efectistas y está decidido a perpetuar el régimen de excepción a costa de una gravísima restricción de libertades y de abusos constantes”, publicó en su editorial el diario español El País el 31 de mayo.

Cristosal, en la presentación de su informe, cuestiona la efectividad de las medidas de Bukele en el largo plazo y, como lo señala El País, prevé un deterioro permanente en la convivencia democrática en El Salvador.

La mayoría de las detenciones que hace la PNC, dice Cristosal, se hacen sin investigación previa. “Si a eso agregamos la opacidad del proceso: negociaciones con pandillas; falta de información a los familiares; la reserva, ocultamiento y alteración de las cifras de homicidios y extorsiones…; se denota que todo el entramado no concuerda con las explicaciones gubernamentales que pretenden venderlo (al régimen de excepción) como un modelo exitoso de combate a la criminalidad”, agrega el informe.

Infobae ha documentado testimonios de víctimas, prisioneros y familiares que detallan parte de esos abusos. Como el caso de Karla Raquel García Cáceres, una adolescente que abortó en una cárcel salvadoreña tras recibir una golpiza de los agentes que la capturaron, o el de José Zavaleta, un comerciante que vio como uno de sus compañeros de prisión agonizó tras ser vapuleado por custodios y policías en otra prisión.

A todo esto Bukele responde con desdén. El presidente atribuye las quejas a lo que él llama la agenda política de la oposición, en la que incluye a periodistas, funcionarios extranjeros que lo critican, organizaciones como Cristosal, las Naciones Unidas e incluso a la iglesia católica.

El presidente “más popular” va por cinco años más
Al guion del memo policial que advertía de posibles acciones de la MS13 y la posterior reunión -pulcramente fotografiada y publicitada- del presidente con su gabinete de seguridad la comunicación del oficialismo añadió, también el domingo 28 de mayo pasado, la captura de tres supuestos pandilleros sospechosos de haber asesinado a un agente de la PNC días antes.

El asesinato de aquel policía provocó el despliegue de unos 5,000 militares y 500 policías para cercar Nueva Concepción, la ciudad en el departamento de Chalatenango, al norte del país, en que el uniformado fue atacado. Como había ocurrido en ocasiones anteriores, el despliegue llegó acompañado de fotos y videos cuidadosamente producidos, curados y editados que poblaron las cuentas de Twitter y Tik Tok del presidente, sus diputados y sus acólitos. Un reporte periodístico publicado en el matutino Diario de Hoy reportó que, 48 horas después de iniciado el despliegue, las autoridades solo habían decomisado tres radios de comunicación.

Todo esto, el régimen de excepción, el despliegue de armas, las capturas arbitrarias, sigue siendo muy popular en El Salvador. Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) dice que el 88% se siente más seguros gracias al régimen y un 74% aprueba cercos militares como el de Nueva Concepción. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, dijo que el régimen de excepción es, de hecho, “el pilar” de la popularidad del presidente.

Es con esos números, y con el adelanto de que no dejará de pedir que se prorrogue el régimen de excepción, que el presidente Bukele entra a su quinto año de gobierno, con la mira puesta desde ya en la reelección, la cual está prohibida de forma explícita en la Constitución salvadoreña escrita y aprobada en 1983. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, que Bukele controla desde que el 1 de mayo de 2021, cuando la supermayoría del oficialismo en el Congreso destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional para imponer a otros leales al presidente, ya abrió un camino para que vuelva a postularse.

El 3 de septiembre de 2021, el tribunal constitucional, tomado por el bukelismo, hizo una interpretación enredada que podría resumirse así: si el presidente renuncia seis meses antes de la elección puede volver a presentarse como candidato a la presidencia teniendo en cuenta que el artículo 152 de la ley primaria, según el cual no puede ser presidente de la república quien haya “desempeñado el cargo por más de seis meses consecutivos antes de la elección ”.

Abogados constitucionalistas salvadoreños han desechado la interpretación de los nuevos magistrados diciendo que, en primer lugar, esos jueces fueron nombrados de forma ilegal y que la misma Constitución prohíbe de forma expresa la reelección al establecer que no es válido que el presidente ejerza un día más del periodo de cinco años dispuesto, que si lo hace la Asamblea Legislativa lo debe desconocer, que la Asamblea no puede siquiera reformar los artículos constitucionales que se refieren a la alternancia y que el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para evitar el continuismo.

“Es un juego arbitrario, antojadizo y manipulado de los tiempos… Es algo que suelen señalar los especialistas, que es una mala forma de resolver en materia constitucional: usted no puede forzar una interpretación para hacer decir al texto algo que no está diciendo o, peor aún, hacerlo decir algo que está prohibiendo”, dijo a Infobae Rodolfo González, magistrado de la sala constitucional entre 2009 y 2018.

Pocos días después de que se hizo pública la interpretación de los magistrados que habilitó la reelección, el gobierno de los Estados Unidos condenó, a través de su embajada en San Salvador, la resolución de la sala de lo constitucional, la cual, dijeron, menoscababa la democracia salvadoreña. Hoy, William Duncan, embajador de Joe Biden en El Salvador, ha echado tierra al tema al decir que no opinaría sobre la reelección para no interferir asuntos internos.

El cambio de tono coincide con una actitud más benévola de la Casa Blanca hacia gobiernos centroamericanos tildados de autoritarios, como el de Bukele y como el del guatemalteco Alejandro Giammattei, con quien la vicepresidenta Kamala Harris habló el 26 de mayo justo cuando la justicia de Guatemala se apresta a condenar a varios años de prisión a José Rubén Zamora, uno de los periodistas independientes más influyentes del país.

En el caso de Bukele, la voz de Washington no parece ser, más, un obstáculo en el afán de reelegirse.

Cuando se presente como candidato a la reelección, Bukele tendrá frente a él a una oposición diezmada y dividida que, a pesar de todo, aún parece ponerlo nervioso. Cuando, a finales de mayo, un periódico publicó sobre la posibilidad de que toda la oposición busque un candidato común para enfrentarse a Bukele, el presidente corrió al Twitter a ametrallar esa posibilidad, mientras sus acólitos y diputados gritaban, desde sus podios y en sus redes, que la oposición amenazaba la estabilidad lograda con el régimen de excepción.

Lo cierto es que cuando hable la noche del 1° de junio sobre los logros de los primeros cuatro años de su quinquenio, muy poco se interpondrá entre el presidente y su reelección.