A 48 horas de que expire el plazo que había fijado la administración de Alberto Fernández, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo resolvió prorrogar por otros 60 días el plazo para que retornen a la órbita estatal las primeras cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue que habían sido concesionadas durante la gestión menemista.

Se trata de las usinas hidroeléctricas El Chocón-Arroyito, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyos actuales operadores tienen las concesiones finalizadas desde el año pasado y siguen operando con autorizaciones transitorias. Tras esta nueva extensión provisoria, las autoridades de Energía prevén volver a licitar la operación y mantenimiento de las usinas a partir de marzo, lo cual representaría la primera privatización que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, publica iProfesional.

Milei privatizó la primera empresa de su gestión

Por medio de la resolución 2/24, Rodríguez Chirillo amplió el nuevo «período de transición» de El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados hasta el 19 de marzo y el correspondiente a Piedra de Águila hasta el 28 de abril. Hasta esas fechas, los actuales operadores privados «deberán continuar a cargo de las centrales y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato de concesión».

Por su parte, la empresa estatal Enarsa continuará actuando como «veedora» para todas las usinas y podrá «asistir a todas las asambleas y reuniones de directorio de cada concesionaria, examinar sus libros, archivos y documentación, solicitar informes a cualquiera de los órganos y gerencias de la sociedad, designar colaboradores y delegarles funciones y atribuciones y, en general, realizar todos los actos convenientes para el mejor desempeño de su cometido».

Las hidroeléctricas del Comahue se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios que abonaron los usuarios del servicio eléctrico; que fueron a parar a las cuentas del Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas y del Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados.

Durante el gobierno de Carlos Menem, las centrales fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están en manos de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.

En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En la central Alicurá, la sociedad controlante está bajo el control del grupo estadounidense AES. Cerros Colorados perteneció hasta mediados de diciembre a la firma de inversiones Orazul– integrada por exejecutivos de Morgan Stanley—cuando pasó a manos de la empresa local Aconcagua Energía. En tanto, Piedra del Águila es manejada por Sadesa, la dueña de Central Puerto.

Privatización en camino

A diferencia del plan que tenía el ex ministro de Economía Sergio Massa para que las centrales pasaran a ser operadas por Enarsa con participación de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, la administración mileísta siempre se mostró partidaria de volver a privatizar el manejo y mantenimiento de las usinas hidroeléctricas sin ninguna clase de injerencia de las provincias patagónicas.

El área energética que comanda Rodríguez Chirillo apuesta a tener armados y definidos los nuevos pliegos licitatorios para mediados de marzo con el fin de poder largar la primera privatización de la gestión libertaria para seleccionar a los nuevos concesionarios de las usinas por un plazo que oscilaría entre los 20 y 25 años.

En el camino trazado para volver a concesionar las centrales hidroeléctricas, Milei recibió a pocos días de haber desembarcado en la Casa Rosada una «ayuda» significativa del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que le ha permitido superar un escollo económico y legal que podría haber comprometido su hoja de ruta privatizadora.

Una ayuda del CIADI

A mediados de diciembre, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), integrado por los jueces Inka Hanefeld, David Haigh y Alain Pellet falló a favor del Estado argentino, al rechazar íntegramente un resarcimiento económico de u$s667 millones reclamado por Orazul Energy—la ex dueña de Cerros Colorados–por supuestos daños y perjuicios que había sufrido por una serie de medidas que desde 2003 modificaron las reglas de juego del negocio eléctrico.

Orazul había acudido al CIADI en agosto de 2019 con el argumento de que las autoridades argentinas habían violado el tratado de protección recíproca de inversiones de empresas extranjeras (TBI) «al no brindar tratamiento justo y equitativo, no proteger sus expectativas legítimas y no proporcionar un entorno legal estable y previsible».

Tras rechazar la afirmación de Orazul de que «Argentina no protegió sus expectativas legítimas y no proporcionó un entorno legal estable y previsible», el fallo destacó que la empresa «no ha aportado pruebas acerca de la presunta omisión de garantizar el debido proceso y no ha demostrado de qué manera el sistema judicial local no le habría otorgado un tratamiento justo y equitativo».

Al desestimar los argumentos principales de la empresa, el tribunal del CIADI concluyó que «no pudo demostrar que recibiera un tratamiento diferente al de otros generadores y tampoco ningún tipo de hostigamiento, coerción, abuso de poder u otra conducta de mala fe por parte del Estado argentino».